Reportaje:EDUCACIÓN

La Generalitat y los rectores catalanes temen la reforma del PP Prefieren pequeños retoques a que la mayoría parlamentaria cambie la universidad

Tanto el Ejecutivo autónomo como los rectores de las universidades catalanas parecen haber perdido todo el interés ante la posibilidad de que el Gobierno del PP se decida a abrir la caja de Pandora de la Ley de Reforma Universitaria (LRU), de 1984. La euforia que despertó la presentación del exhaustivo Informe Bricall, como referencia para redefinir el modelo universitario, se ha apagado ante la contundencia del modelo de trabajo parlamentario que ha impuesto el PP con su mayoría absoluta. Los rectores prefieren que se hagan pequeños retoques que no hagan necesario enfrentar la reforma al Pleno del Parlamento.

La VI Jornada de Trabajo de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas catalanas, destinada a debatir la futura reforma de la LRU, sirvió la pasada semana para que desde la Generalitat se pidiera al Ejecutivo central que, de momento, abandone esta idea. La consigna entre las universidades catalanas parece ir en dirección completamente opuesta a la del gran cambio legislativo. Pequeños retoques que no hagan necesario enfrentarse al Pleno del Parlamento. El rector de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), Enric Argullol, se muestra poco partidario de las grandes reformas, pero favorable a las modificaciones: "Si no las hacemos, la sociedad nos las hará en el sentido de marginarnos", señala.El consejero para Universidades, Investigación y Sociedad de la Información de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, zanjó la cuestión con una frase clara: "Si los ánimos son los mismos que con las matrículas de los coches, quizás sea mejor que nos esperemos tres o cuatro años". El problema que se plantea ahora la Administración catalana es que, mientras que por un lado el Estado central ha transferido las universidades a las comunidades autónomas, por otro ha mantenido una gran parte del poder de legislación sobre las universidades.

"Seudotransferencias"

El director general de Universidades de la Generalitat, Antoni Giró, calificó los traspasos de "seudotransferencias", ya que, mientras las competencias de financiación y de control están en manos de las autonomías, "el Estado se ha reservado la elaboración de las normativas". También manifestó que "es muy fácil legislar aumentos retributivos cuando quien ha de pagar es otro". En algunos campos, expertos del mundo universitario se van al sector privado, señaló, por lo que hay que desarrollar estrategias "para mantener el nivel de docencia" mediante compensaciones que puede decidir el consejo social de la universidad, una fórmula que, según dijo, "no se ha utilizado hasta ahora, quizás por prudencia".Giró insistió en la posibilidad de que el Ejecutivo catalán introduzca cambios respecto a la promoción del profesorado. Para ello, explicó, están previstas dos vías de acceso a la carrera docente. La vía académica contemplará tres fases. La primera se dedicará a la formación tanto docente como de investigación, mientras el profesor elabora su tesis doctoral. La segunda etapa sería aquella en la que el profesor deberá alcanzar la "suficiencia docente". Para ello, el director de Universidades prevé que se establezca una evaluación en la que se determine si el profesor "se ha de quedar o no en la universidad". Finalmente, en la tercera fase el profesor pasaría a ser "permanente". Antoni Giró señaló también que es necesario "abrir las vías a nuevas figuras de funcionariado y profesores contractuales".

Además, la Generalitat propondrá una segunda "vía docente" para que los diplomados puedan impartir clases en las carreras de su especialidad. Hasta ahora esto no podía suceder, porque los profesores de estudios superiores debían ser doctores, y los diplomados no pueden cursar estudios de doctorado.

Según Giró, el sistema de organización de la Universidad de Amsterdam es el modelo de referencia para el futuro de las universidades catalanas. Esta universidad holandesa cuenta con un consejo supervisor nombrado por el Gobierno del Estado, que es el que nombra a su vez al consejo ejecutivo, constituido por el presidente (figura que en España equivaldría al rector) y el vicepresidente de gestión económica.

Estas dos personas son las que eligen al director institucional de investigación, al director institucional de departamentos y al director institucional de docencia, que es "quien tiene plena competencia para escoger los profesores que impartirán las clases", explicó Giró, que cree que el modelo "se podría aplicar con la actual LRU" y que es un diseño que permite aumentar la autonomía de las universidades, aun a costa de reducir el peso del claustro.

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 24 de septiembre de 2000.

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