Derecho de pernada

El sector de la construcción del País Valenciano especializado en la ejecución de obra pública y los órganos de la Administración que con el mismo se implican están necesitando -otra cosa es que lo pidan- una buena sesión de luz y taquígrafos para airear el hediondo tufo que exhalan sus relaciones. El fenómeno no es exclusivo de esta Comunidad, o eso cabe suponer, pero es el que percibimos, constatamos y a la postre nos interesa. La arbitrariedad de numerosas adjudicaciones, con la consiguiente inseguridad jurídica y económica, carcome este universo del atobón y el cemento. Las víctimas lamentan su desventura, pero no señalan con el dedo por más que la evidencia sea escandalosa. La fórmula consiste en callar y buitrear a la espera de que cambie la suerte o se acierte con el camino más persuasivo para atraerse el favor del repartidor de adjudicaciones. Los informes técnicos que garantizan la bondad de la oferta resultan a menudo irrelevantes, ni tampoco vale el currículo de los trabajos bien hechos. Un guiño o una llamada telefónica desde las alturas institucionales cambia el orden y méritos de los postores, echando a perder las inversiones en el proyecto. Las protestas, al maestro armero.Dicho así o más paladinamente, resulta obvio que estamos describiendo un panorama de corrupción y corruptelas necesitado de un correctivo, que bien hubiera podido ser el Reglamento de la Ley General de Contratos de las Administraciones Públicas que elabora el Ministerio de Economía y Hacienda. Pero resulta que, lejos de este objetivo, el mencionado documento, complejo y confuso, viene a establecer una suerte de derecho de pernada a favor de los siete grandes grupos estatales del sector, pues, al filo de su articulado, serían éstos los únicos habilitados jurídica y administrativamente para optar a los contratos de obra pública superiores a los 1.600 millones de pesetas.

Las consecuencias son obvias: conllevan el desmantelamiento del sector valenciano de la construcción. Baste saber, a título ilustrativo, que ninguna de la veintena larga de las compañías valencianas de esta especialidad -y piénsese en las más renombradas y con mayor volumen de obra pública en estos momentos- podría ser clasificada para competir por dichos contratos. Su papel se reduciría al de ejercer de subcontratistas, que viene a ser un purgatorio previo a su liquidación. Todos muertos y sacrificados para mayor gloria y mejores dividendos de los siete grandes aludidos, convertidos en amos y señores del mercado. Diríase que todo está diseñado para orientar el provecho de las fabulosas e inminentes inversiones que Fomento promete en el ámbito valenciano y que se cifran en unos 800.000 millones

Esta espada de Damocles se agrava por el desinterés o insensibilidad que los empresarios afectados han encontrado en el Gobierno autonómico, sordo por ahora a su petición de auxilio. Gobierno que, con esta actitud obsecuente para con los intereses ajenos, tendrá que asumir el doble baldón de no haber promovido la transparencia en las contrataciones y, además, el posible desguace del sector. Tiempo queda para dar la batalla en uno y otro frente, en el de la decencia y contra la prevalencia de las megaempresas estatales, a la vez que se defiende la supervivencia de las propias.

El disparate es tan descomunal que, a ojos de cualquier observador, y particularmente en opinión de los industriales de la construcción, el mencionado proyecto reglamentario no puede prosperar porque, más allá de su enormidad discriminadora, conculca las normas establecidas por el Comité Europeo de Normalización, siendo esta vía, así como otras de carácter procesal, las que podrán frenar el desmán que se cuece. Pero esta expectativa en modo alguno atenúa ni explica el silencio que observan a este respecto el presidente Eduardo Zaplana, el vicepresidente José Luis Olivas o el consejero de Obras Públicas, José Ramón García Antón, que no parecen sentirse aludidos.