Antígona y las leyes

Finalizada la concentración convocada el pasado viernes en la plaza de Guipúzcoa por la plataforma cívica Basta Ya en protesta por el atentado de ETA de la víspera contra José Ramón Recalde, ex consejero socialista del Gobierno vasco, varios centenares de personas se dirigieron -también en silencio- hacia la cercana sede del PSOE para dejar un nuevo testimonio de solidaridad con la víctima. La comitiva tropezó inesperadamente en el trayecto con una manifestación del nacionalismo radical organizada para condenar las recientes detenciones -dictadas por el juez Garzón- de una veintena de miembros del colectivo Ekin acusados de formar parte de la dirección política del interior de ETA .Durante casi cuatro horas los dos grupos -separados por efectivos de la policía autonómica- quedaron inmovilizados frente a frente en la manzana de San Martín cortada por las calles de Guetaria y Fuenterrabía, el lugar donde fue asesinado hace cuatro años Fernando Múgica. Siguiendo las órdenes de la superioridad, la Ertzaintza intentó abrir un corredor entre los seguidores de Basta Ya para que los nacionalistas radicales pudieran continuar tranquilamente su recorrido; la valerosa resistencia de los pacifistas a ofrecer un pasillo de honor a quienes les gritaban a la cara ¡Gora ETA Militarra! y ¡ETA, mátalos! aconsejó a los ertzainas la renuncia a la aplicación por la fuerza de esa solución aberrante. Como la autorización gubernativa concedida por la Consejería de Interior a la manifestación nacionalista radical expiraba a las 24 horas del viernes, la policía autonómica, una vez que sonaron las doce campanadas, obligó a disolverse a los provocadores y envió a casa a la siniestra Cenicienta.

El consejero de Interior del Gobierno vasco justifica con argumentos de fábula la orden dada a la Ertzaintza para aplicar una equidistante estrategia entre las dos manifestaciones durante varias horas: aunque la razón moral asistía a los que condenaban el atentado de ETA contra Recalde, la razón legal -afirma Javier Balza- estaba del lado de quienes protestaban contra las detenciones dictadas por Garzón. De esta forma, San Sebastián era escenario de una nueva versión de la tragedia de Sófocles: si Creonte se vio obligado por las leyes de Tebas a impedir que Antígona enterrara en sagrado -movida por los mas nobles sentimientos- a su hermano Polinices, el consejero Balza también estaba forzado a aplicar el reglamento a los manifestantes de Basta Ya, aun sabiendo que eran "los legítimos portadores de la ética". Cargados de razón moral, los organizadores de la protesta por el atentado contra Recalde no habían rellenado correctamente los impresos; en cambio, los manifestantes proetarras tenían la razón legal de haber pasado por ventanilla.

Lástima que este remake de Sófocles falsee los hechos y cambie el argumento de la tragedia. Contra lo que afirma Balza, "los lemas y gritos apologéticos de la violencia" proferidos por los supuestos titulares de la razón legal no se produjeron sólo minutos antes de que la Ertzaintza disolviera a medianoche el ominoso orfeón: centenares de personas pueden -podemos- testimoniar que los energuménicos gritos ¡Gora ETA militarra! y ¡ETA, mátalos! fueron escupidos a la cara de los hijos, los familiares y los amigos de Recalde y otras víctimas del terrorismo tres horas antes de que los ertzainas recibieran de sus distantes jefes la orden de disolver a los inductores de los asesinatos terroristas.

Las leyes de Tebas invocadas por Creonte para prohibir la inhumación de Polinices por su hermana fueron violadas por Antígona en nombre de las sagradas leyes "no escritas y firmes" de los dioses. Pero Antígona tenía a su favor en San Sebastián no sólo la razón moral que Javier Balza honradamente le concede sino también la razón legal que cicateramente le regatea: únicamente el serio deterioro ético sufrido durante los últimos años por la clase política nacionalista puede explicar -aunque nunca justificar- que el consejero de Interior del Gobierno de Vitoria o los responsables políticos de la policía autonómica llegaran a impartir a la Ertzaintza desplegada en la calle de San Martín la orden, no ya de seguir amparando la inexistente razón legal de quienes estaban provocando, humillando e hiriendo a los familiares de las víctimas de la banda terrorista con sus gritos de inducción al asesinato, sino de invitarles o de forzarles a abrirles un pasillo de honor a fin de que pudieran seguir vociferando sus consignas de odio y sus llamamientos al crimen por toda la ciudad.