El edil de Sanidad fichó "en una cena" al hombre acusado de blanquear fondos en el 'caso funeraria'
Simón Viñals, concejal de Sanidad, fue el impulsor del fichaje a dedo como asesor de la funeraria del abogado José Ignacio Rodrigo, quien al menos dos meses después de la venta del 49% de las acciones de la empresa municipal era ya socio de la compradora, Funespaña, que preside desde 1995. Viñals explica que no hubo concurso para contratar al asesor, "porque en la funeraria no hacía falta". Como asesor, Rodrigo conoció informes financieros sobre la empresa y asistió a reuniones entre el Ayuntamiento y las firmas que pugnaban por el contrato que ganó Funespaña.
José Ignacio Rodrigo, hoy presidente de Funespaña, está acusado por la policía francesa de blanquear fondos para inyectar 140 millones en Funespaña, que pagó con ese dinero una parte de los 200 millones que le costó el 49% de la funeraria municipal. Su contrato con la funeraria municipal, antes de ser privatizada, no surgió tras un concurso público con libre concurrencia de ofertas. Se fraguó en una cena con Viñals. Así al menos lo explicó Rodrigo en su declaración ante el juez, y lo corroboró ayer a este periódico el propio Viñals.
Rodrigo declaró que no tuvo ninguna relación con el Ayuntamiento hasta marzo de 1992. "En esa fecha coincidió con el señor Viñals en una cena, y en esa cena le indicó que tenían un problema porque los monopolios se habían extinguido. La cena fue entre cuatro o cinco personas que organizó un amigo suyo. Le indicó que los monopolios no eran ilegales y que tampoco se habían extinguido. Que podían haber desaparecido los monopolios de comercio, pero no los municipales. Que la cena no tenía por fin tratar ese tema", explicó al juez. "Días después entró en contacto nuevamente para ampliar lo comentado, estudiándose más a fondo el tema y ratificándose su opinión. Viñals le dijo que debía hablar con el gerente, Francisco Yáñez, porque él no estaba al día", detalló Rodrigo en su declaración.
Según su propio relato, mantuvo una reunión con el gerente, acompañado del entonces asesor jurídico de la funeraria. Defendió sus opiniones y que ciertamente precisaban un informe elaborado por un experto como él. "Pasaron unos días, hablaron otra vez", reza su declaración, "le pidieron un informe, interesándole que remitiera un presupuesto. Que también le indicaron que existía una serie de denuncias ante el Servicio de Defensa de la Competencia contra la funeraria por otras empresas en las que precisamente se negaba el monopolio. El importe del informe era de 12 millones. Le hicieron el encargo, aceptando el presupuesto, y se pusieron a trabajar, aproximadamente en marzo de 1992".
El primer borrador, según Rodrigo, se presentó a primeros de junio, cuyo contenido satisfizo a la funeraria. Posteriormente, a primeros de julio, le sugirieron asumir profesionalmente los litigios planteados ante la defensa de la competencia. El contrato le supuso, amén del informe, 800.000 pesetas al mes. Viñals lo confirma. "La funeraria estaba al borde de la quiebra, con unas tarifas muy bajas, con muchas deudas, y me dijeron que había un abogado, Rodrigo, que conocía mucho de este asunto. Y, casualmente, en una cena coincidí con él. Entonces hablamos. Él nos podía hacer un informe sobre la salida de los monopolios en España. Y le fichamos. No hubo concurso porque la funeraria no precisa acudir a concursos".
Desde su puesto de asesor, Rodrigo conoció el informe sobre la valoración de la funeraria que hizo Maxwell-Espinosa; los datos internos sobre la facturación de la empresa, y asistió a diversas reuniones de representantes del Ayuntamiento de Madrid con las diversas compañías interesadas en adquirir parte del accionariado de la funeraria.
Ruth Porta, concejal socialista, concluye: "Del impecable procedimiento estamos pasando a un intolerable procedimiento. Cada dato resulta más preocupante; cada prueba, más alarmante. Antes de que esto se convierta en un auténtico calvario, el PP debería intervenir y demostrar a la ciudadanía que aún le queda algún sentido de la responsabilidad. Es imprescindible adoptar medidas inmediatas que despejen toda duda respecto a la actual gestión de la funeraria y que liberen al equipo de gobierno de la carga de compartir presuntas culpabilidades". Izquierda Unida denunció en su día la contratación de Rodrigo por entender que obtuvo una información privilegiada.
