Amnistía pide a Clinton la abolición de la pena capital

Amnistía Internacional pidió ayer al Gobierno norteamericano la abolición de la pena de muerte y recordó que el tema ni siquiera ha sido mencionado en la campaña electoral de las presidenciales. En una conferencia de prensa celebrada en Nueva York, Amnistía volvió a resaltar que en el 68% de las condenas a muerte de los últimos 20 años en EE UU se ha producido algún tipo de error judicial. "La pena de muerte en este país es arbitraria , injusta y racista", dijo ayer Ajamu Baraka, uno de los reponsables de Amnistía en EE UU. "Pedimos al presidente Clinton que elimine estas ejecuciones y guíe a su país a una nueva era de justicia y humanidad". Baraka resaltó que en los últimos 13 años, 87 prisioneros salieron del corredor de la muerte después de que se encontraran nuevas pruebas que demostraban su inocencia. "Es una vergüenza que EE UU siga siendo el primer país en ejecutar a menores. Desde 1993 se han producido 17 ejecuciones de este tipo en todo el mundo, 12 de ellas aquí y el resto en Congo, Irán, Nigeria, Pakistán y Yemen", añadió.

La pena de muerte no ha aparecido en ningún debate de las presidenciales. Es un tema de amplio consenso en EE UU. "Incluso los más liberales dicen que están a favor. Es algo que nos deja sin argumentos cuando debemos hablar con los talibanes o los mulás. Ellos nos ponen enseguida el modelo del ejemplo americano", dijo Ulrich Fischer, representante para Alemania de la Federación Internacional de Helsinki, la organización de derechos humanos que copatrocinó el comunicado de Amnistía.

Esta petición llega una semana después de que se hiciera público un informe del Departamento de Justicia de EE UU que revela factores raciales y geográficos en las solicitudes fiscales de pena de muerte por delitos federales (los considerados de especial gravedad para el país). Aunque no ha habido ninguna ejecución por delitos federales desde que en 1988 se reinstauró la pena de muerte para estos casos, el estudio revela evidentes desequilibrios judiciales.

Los fiscales de los Estados con mayor número de ejecuciones en su territorio, como Tejas, Virginia y Misuri, son también los que más recomiendan la aplicación de la pena de muerte por delitos federales.

En 1994, el Congreso amplió los tipos de delitos que merecen esta calificación; desde entonces se considera delito federal desde el asesinato de un presidente hasta el tráfico de drogas a gran escala (castigado con la pena de muerte aunque no haya víctimas mortales directas), y también los secuestros o los asaltos a bancos que incluyan asesinatos. De las 682 solicitudes de pena de muerte enviadas al Departamento de Justicia en los últimos cinco años, el 40% procede de sólo cinco jurisdicciones. Si este componente geográfico es perturbador, aún lo es más el elemento racial: el 75% de los acusados para quienes los fiscales solicitan penas de muerte pertenecen a alguna minoría racial. En más de la mitad de los casos son afroamericanos.

El Colegio de Abogados envió una carta a Clinton hace unos meses para recomendar una moratoria en la aplicación de la pena capital por delitos federales. Aunque Clinton se ha mostrado cauteloso con esa petición, al menos aceptó aplazar la ejecución de Juan Raúl Garza, que en agosto debía haberse convertido en el primer ejecutado por delitos federales en los últimos 37 años.