La contrarreforma sanitaria del PP

El actual modelo sanitario es una parte fundamental de la sociedad del bienestar y tiene su origen en las luchas sociales de finales del siglo XIX. Trabajadores y empresarios, contribuyeron con parte de sus salarios y beneficios para crear el sistema de seguridad social (pensiones económicas más atención sanitaria), haciendo posible que el trabajador enfermo recibiera su salario a pesar de la enfermedad, y de otro lado hacer frente al aumento de gastos derivados de la atención sanitaria.Este modelo, que nació en Alemania, se financió por medio de las cotizaciones de trabajadores y empresarios creando un sistema de mutuas laborales. Después de la II Guerra Mundial surgió en el Reino Unido otro modelo sanitario, financiado mediante impuestos de todos los ciudadanos y por lo tanto con una influencia social mayor. Situándose como uno de los pilares de la sociedad del bienestar, contribuyendo a desarrollar los principios de equidad y solidaridad.

El modelo español de Seguridad Social tiene su primer hito legislativo hace justo 100 años, pero sanitariamente hablando, se desarrolla después de la guerra civil, adoptando el modelo de financiación a través de cotizaciones de trabajadores y empresarios.

Las actuales Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (MATEPSS) tienen su origen en las mutuas patronales constituidas a partir de la promulgación en 1900 de la Ley de Accidentes de Trabajo, en la que se considera como responsabilidad de los empresarios la reparación de daños y perjuicios causados por accidentes de trabajo. Inicialmente nacen como entidades aseguradoras de prestaciones económicas y posteriormente ofrecen servicios médicos y rehabilitadores, y con el tiempo, además, actuaciones de carácter preventivo (seguridad e higiene).

Sin embargo, las MATEPSS son en la actualidad asociaciones de empresarios que, autorizados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se constituyen con el objeto de colaborar en la gestión de las contingencias por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, siempre bajo la tutela de dicho ministerio, sin ánimo de lucro y actuando como entidades colaboradoras de la Seguridad Social.

La salud adquiere rango de principio constitucional en 1978; en ese año, el Instituto Nacional de Previsión que gestionaba todas las prestaciones de la Seguridad Social se transforma en tres organismos: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), gestor de prestaciones económicas, Instituto Nacional de la Salud (Insalud) -como gestor de la atención sanitaria-, competencia transferida a varias comunidades autónomas, y el Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inserso), también transferido. Desde entonces existen dos circunstancias destacables: la promulgación de la Ley General de la Sanidad de 1986 y el hecho de que a partir de 1988 los presupuestos sanitarios pasan a ser mayoritariamente cubiertos por impuestos en detrimento de las cotizaciones. Los pactos de Toledo vienen a corroborar este hecho.

El trabajador que enferma por una contingencia común recibe del INSS el subsidio correspondiente a la Incapacidad Temporal (IT) y del Servicio de Salud la atención sanitaria; si enferma por accidente de trabajo o enfermedad profesional su atención y subsidio económico corren a cuenta de la mutua laboral correspondiente. Hasta 1995 las IT por contingencias comunes eran gestionadas por los médicos de familia, bajo la supervisión de la inspección. Desde 1998 las mutuas laborales, además de gestionar los procesos derivados de las contingencias profesionales, pueden controlar los procesos de Incapacidad Temporal producidos por contingencias comunes, por ejemplo una gripe.

Entre las recientes medidas liberalizadoras del Gobierno figura la de facultar a las mutuas para que puedan dar altas a los enfermos bajo su tutela en cuanto a IT. Esta situación que vulnera los derechos de los trabajadores y pone en riesgo su derecho a la salud, debe ser entendida per se como una deslegitimación del sistema público de salud y la desacreditación de los médicos de familia y de la inspección médica, que verán limitadas sus atribuciones.

Sin embargo, esta medida tiene un calado político mucho mayor y es la de romper el aseguramiento único y la unidad de atención sanitaria creando dos redes asistenciales superpuestas. Una, gestionada por las mutuas (prestación asistencial en cualquier enfermedad y altas laborales), financiada por medio de cotizaciones de las empresas y aportaciones del gobierno vía impuestos -en esta red se atenderá a los ciudadanos "productivos"-, y la segunda red asistencial, financiada exclusivamene vía impuestos y que atenderá a los ciudadanos "no productivos", y que recuerda en su finalidad a los sistemas de beneficencia. Ante esta situación hay algunas preguntas a las que el Gobierno del Partido Popular debería dar respuesta pública: ¿Disponen las mutuas laborales de una red asistencial suficiente para garantizar una asistencia correcta si no es así, como resulta obvio, ¿piensa el Gobierno traspasar la gestión de los hospitales públicos y su explotación a las mutuas laborales? ¿Piensa el Gobierno implantar una red pública de segundo nivel para aquellos sectores de población no productivos, léase más débiles social y económicamente?

Pero es que además, a los cambios en la gestión de la incapacidad laboral transitoria se unen la reforma del IRPF -Ley de acompañamiento de los presupuestos del 98- que permite a las empresas desgravar y transferir dinero para aseguramiento sanitario privado de sus trabajadores, y una red pública cada día más deteriorada, como consecuencia de una financiación insuficiente y de una deficiente gestión. Vemos así cómo se ha convertido la sanidad en un negocio lucrativo para las aseguradoras privadas, caso Alzira, independientemente del tipo de sanidad que se preste.

Con ésta y otras medidas se rompe el aseguramiento único, es decir los principios de equidad y solidaridad, propiciando el establecimiento de dos dispositivos asistenciales: uno para atender a los trabajadores y otro para el resto de la población -familiares de trabajadores, parados, jubilados-. En definitiva, podemos afirmar que estamos ante el grave riesgo de deterioro y, en último término, la desaparición de uno de los objetivos del sistema sanitario, como pilar del estado del bienestar, que es la redistribución de riqueza y la cobertura universal basada en el principio de ciudadanía.

José R. Mayáns es médico y militante del PSPV.