IU: "Un caso de ingeniería financiera"

Inés Sabanés, portavoz de Izquierda Unida, considera que en la instrucción del caso de la funeraria hay ahora mismo dos informes definitivos para acotar irregularidades y delitos. Uno es el informe de la policía francesa que sostiene que José Ignacio Rodrigo, presidente hoy de Funespaña, desvió 140 millones a esta firma en febrero de 1993 desde una cuenta bancaria en Biarritz mediante un préstamo avalado con su propio dinero en la misma entidad (Barclays Bank), operación tachada de "blanqueo de dinero" por los agentes.El otro es el informe de la Intervención General del Estado. "El informe nos da la razón sobre los argumentos en los que fundamentamos la querella que presentamos en su momento. La empresa fue vendida a un precio que no se ajustaba a su valor real. Y eso se hizo en detrimento del patrimonio municipal", explica Inés Sabanés.

"Cada vez se va demostrando más que hay una actuación premeditada de ingeniería financiera que en primer término aportó unos beneficios a la adjudicataria, entonces una empresa minúscula. El PP no puede seguir como si la privatización no le alcanzara y no fuera una decisión política de su propio equipo de Gobierno ", concluye la portavoz de IU. Precisamente, este grupo, a la luz de los nuevos datos sumariales, se está planteando ampliar en su querella el listado de delitos presuntamente cometidos y el de sus posibles autores.

La concejal socialista Ruth Porta coincide en que el informe de la Intervención General del Estado sobre la privatización de la funeraria acrecienta, cuando menos, las responsabilidades del equipo de Gobierno municipal en dicha operación: "Todos los resultados de las pruebas solicitadas por el juez están dejando claro que los indicios de criminalidad deducidas por la fiscalía Anticorrupción tienen un claro sustento en la realidad. Que todos estos hechos respondan a una clara intención de delinquir corresponde determinarlos a los tribunales, pero disponemos en estos momentos de suficientes pruebas como para afirmar que la operación de la funeraria supuso un gravísimo quebranto económico para el Ayuntamiento de Madrid y, por tanto, para todos los madrileños".

"Detrás de ese quebranto, existen unos responsables, ya sea por acción o por omisión; ya sea por negligencia o por incapacidad, pero en ningún caso puede el alcalde de Madrid seguir jugando a don Tancredo", opina esta concejal socialista.