Un informe de Intervención del Estado sostiene que la funeraria se vendió por un valor inferior al real

Un informe elaborado por la Intervención General del Estado a petición del juez que instruye el caso de la funeraria, José Luis Quesada Varea, desbarata uno de los argumentos que usó el Gobiermo munipal para la privatización: que la empresa estaba en quiebra cuando se vendió en diciembre de 1992 el 49% de la misma por apenas 200 millones de pesetas. El informe de Intervención General sostiene que la funeraria, en el momento de su adjudicación valía 1.791 millones. El equipo de Gobierno, frente al criterio de su propio interventor, consideró que tenía un valor negativo de 105 millones.

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, aseguró el pasado viernes que no tenía noticia oficial del informe policial francés que implica en una operación de blanqueo de fondos a José Ignacio Rodríguez, asesor municipal en 1992 y hoy presidente y mayor accionista de Funespaña (la empresa que se quedó con el 49% de la funeraria por 200 millones). Hay otro informe de la Intervención General del Estado, firmado por María del Sol Hernández Olmo, que obra en poder del juez que instruye el caso funeraria, José Luis Quesada Varea, y que cuestiona la valoración que hizo el Gobierno municipal de la funeraria en el momento de su adjudicación.

El informe de Intervención General del Estado, de 22 folios, fue solicitado por el juez para despejar algunas dudas respecto a los aspectos financieros de una venta de acciones que ha reportado a sus compradores unos beneficios en los últimos años superiores a 3.000 millones de pesetas.

El informe responde a tres interrogantes: si la contabilidad de la empresa era correcta; si la valoración hecha por el Ayuntamiento era real; y si la oferta de Funespaña presentaba defectos.

En materia de contabilidad, la Intervención apunta que la funeraria en el apartado de fondo de pensiones "no respetó el principio contable de correlación de ingresos y gastos. Ello supuso que sus cuentas anuales reflejaran pérdidas en el resultado de sus actividades ordinarias cuando por aplicación del citado principio hubieran sido beneficios".

Condonación

También censura la interventora el modo en que la funeraria trató la deuda de 2.274 millones que tenía con el Ayuntamiento de Madrid en el momento de de su adjudicación. "La condonación o compensación de la deuda no se ha registrado en cuentas en aplicación del principio de prudencia, Sin embargo, a la fecha de formulación de las cuentas anuales se tuvo evidencia sobre este ingreso". Tal condonación, de haberse registrado en cuentas, habría elevado en igual monto el valor de la empresa. La difererencia no era baladí: al omitirse tal dato, la empresa debía 2.274 millones; si se hubiera contabilizado como condonada, habría sido un ingreso de igual valor. Pero, según Intervención del Estado, los gestores de la funeraria aclararon en la Memoria que tal deuda ya no se debía porque estaba condonada. "Estas explicaciones deben ser interpretadas en el sentido de que la deuda ha dejado de ser, a 31 de diciembre de 1992, un pasivo exigible para la funeraria y que su situación patrimonial ha mejorado precisamente por este importe".

¿Cuánto valía la funeraria municipal en el momento de su adjudicación? La Intervención General del Estado elabora cuidadosamente su respuesta tras evaluar todos los parámetros. Y uno de ellos, capital, es justamente la deuda perdonada.

El interventor recuerda que el 21 de diciembre de 1992 adjudicó la venta del 49% de la funeraria a Funespaña, aceptando las condiciones de la empresa privada, que incluían la condonación de dicha deuda. Los gestores de Funespaña han declarado ante el juez instructor que la compensación era capital, y que de no aceptarla el Ayuntamiento se habrían retirado. De ello deduce la Intervención estatal que desde el mismo día de la adjudicación, "la deuda no tiene a los efectos de la valoración de la empresa el carácter de pasivo exigible". Tanto el interventor del Ayuntamiento como el Tribunal de Cuentas sostuvieron igual argumento: Funespaña compró una empresa que ya no debía los citados 2.274 millones. De aquí sale el precio de la valoración de la empresa para el interventor: 1.791 millones. Los gestores municipales, por contra, sostuvieron que la empresa tenía un valor negativo superior a 100 millones de pesetas.

Intervención del Estado sostiene que la oferta de Funespaña está marcada por la "incoherencia" ya que dibujaba un patrimonio negativo cuando "en sus propias estimaciones el patrimonio resultaba positivo". Y existe, nuevamente, "incoherencia" en varios apartados: "se estima un pasivo laboral cuando se dice que se garantiza todos los puestos de trabajo; el fondo de pensiones se dota dos veces".

El Ayuntamiento perrcibió de la empresa privada una aportación de 100 pesetas más 200 millones para la funeraria. Por eso precio, Funespaña se ha repartido con el municipio más de 6.000 millones de beneficios en los últimos ocho años.