Francia responsabiliza al Gobierno filipino de la suerte de sus dos ciudadanos secuestrados

Francia reaccionó ayer con furia a la operación del Ejército filipino contra la guerrilla Abu Sayyaf, que este fin de semana había anunciado la liberación de los dos rehenes franceses, periodistas de la televisión pública. El presidente Jacques Chirac convocó al embajador filipino y solicitó "la total movilización de los servicios del Estado", según fuentes de la presidencia citadas por France Presse. Chirac desmintió que, como asegura Manila, Francia hubiera sido informada. No obstante, la televisión francesa dijo ayer por la noche que los dos cautivos estarían a salvo.

"Siento la mayor inquietud ante este ataque y quiero manifestar mi desacuerdo ante una iniciativa que estimo peligrosa para los rehenes", dijo ayer Chirac al conocer la decisión de las autoridades filipinas de lanzar al Ejército en la isla de Joló contra los secuestradores. Dos ciudadanos franceses -los periodistas de la televisión pública Jean-Jacques le Garrec y Roland Madura- figuran entre los secuestrados por el grupo Abu Sayyaf. "La seguridad de Jean-Jacques le Garrec y Roland Madura es la prioridad absoluta de Francia", que considera que está en juego la "responsabilidad de Filipinas", recalcó la portavoz de Chirac. El Gobierno alemán, que ha tenido también rehenes, ya liberados, se alineó con la postura francesa.Pero en la noche de ayer llegaban, aunque sin comprobar, noticias sobre la posible supervivencia de los dos franceses. La misma cadena televisiva para la que ambos trabajan, France-2, dijo que tenía "informaciones fragmentarias recibidas de fuentes allegadas a la negociación [del Gobierno con la guerrilla]" de que estaban "sanos y salvos", ya que la noche anterior al ataque los guerrilleros trasladaron a los cautivos a otro lugar.

Chirac, que intentó, sin éxito, ponerse en contacto con el presidente filipino, Joseph Estrada, ordenó también presentar una queja formal ante la delegación diplomática filipina en París y el encargado de negocios del archipiélago fue convocado ante el Quai d'Orsay, sede del Ministerio de Exteriores. El ministro de Defensa francés ordenó al agregado militar en Manila que pidiera explicaciones ante los responsables filipinos.

París esperaba que el viernes o el sábado hubiesen sido liberados los últimos rehenes franceses. Desde el pasado 23 de abril, fecha en que los piratas desembarcaron en la isla de Sipadan, en Malaisia, para secuestrar a 21 personas, 10 de ellas turistas occidentales, París ha intentado resolver la situación de sus ciudadanos a través de continuos contactos con Manila y Trípoli (Libia ha sido mediador en la crisis). Tres de ellos, en dos entregas distintas, recuperaron la libertad sin que se supiera nunca la cantidad pagada a cambio.

El primer ministro, Lionel Jospin, reunió también a sus consejeros y declaró seguir "con la mayor atención la evolución del problema". Como Chirac, pareció irritado ante el hecho de que Estrada hubiese decidido actuar sin consultarle. El Gobierno filipino, sin embargo, aseguró ayer que había informado a los países afectados.

La reciente liberación de Stéphane Loisy, otro francés retenido en Joló, fue objeto de una pequeña batalla política de carácter interno, pues Jospin, advertido primero de la liberación del francés, hizo declaraciones antes que Chirac.

A diferencia de Francia, Estados Unidos no condenó ayer la operación militar lanzada por el presidente Estrada para terminar con la crisis de los rehenes. Aún más, Washington había dado la noche anterior, de modo indirecto, su luz verde a la acción de fuerza. Uno de los secuestrados en Joló es Jeffrey Schilling, un californiano capturado el pasado 28 de agosto y acusado por los secuestradores de ser un agente de la CIA. William Cohen, secretario de Defensa norteamericano, comunicó que en la noche del viernes fue informado personalmente por Estrada, con el que cenó en Manila, de la inminencia del ataque. Cohen, que ayer ya se había desplazado a Singapur, le respondió que el deseo estadounidense era que la crisis de los rehenes se resolviera pacíficamente, pero que el Gobierno de Filipinas estaba en su derecho de optar por otra solución.

"Ahora que han decidido actuar, deseamos que tengan éxito", dijo ayer Cohen en Singapur. "Era una decisión que sólo ellos podían adoptar y la situación había llegado a un punto en el que, según su juicio, se imponía una acción", añadió. En general, Washington es poco tierno con cualquier tipo de secuestradores y proclive a emplear la fuerza para terminar con este tipo de situaciones. Las autoridades estadounidenses, mediada la tarde, no tenían noticias exactas de la situación de su compatriota Jeffrey Schilling, que, según algunas fuentes militares filipinas, habría muerto el viernes durante un intento de escapatoria.

Schilling, un californiano convertido al islam, había viajado a Filipinas para comprar armas para el grupo Abu Sayyaf. Pero sus correligionarios de la isla de Joló le acusaron de ser un agente de la CIA y lo secuestraron a finales de agosto. Por su liberación pedían la excarcelación de los autores del atentado con explosivos en el neoyorquino World Trade Center, encarcelados en Estados Unidos. Considerando "peregrina" esa demanda, Washington había dejado claro que no intercambiaría a los terroristas del World Trade Center por Schilling.

El Gobierno de Malaisia, que tiene a tres ciudadanos secuestrados por Abu Sayyaf, declaró que lo que haga el Ejército filipino "es de su responsabilidad".