El Gobierno declara "de interés general" la R-5 de peaje para desbloquear las obras

El Consejo de Ministros aprobó ayer declarar "de interés general" las obras de la autopista de peaje R-5 (entre Navalcarnero y Madrid), lo que "permitirá acometer los trabajos", según explicó ayer el Gobierno. Las obras de la R-5 tendrían que haberse iniciado en abril, pero la resistencia de los alcaldes a firmar las actas de ocupación ha empantanado el proyecto. Los regidores no firmaban las actas porque los vecinos de sus municipios, propietarios de los terrenos por donde pasará la R-5, rechazaban por escasa la cantidad de dinero que se les ofrecía a cambio de la expropiación.

El Consejo de Ministros aceleró ayer un proyecto empantanado desde abril. Accesos a Madrid, la empresa concesionaria de la construcción y explotación de las autopistas de peaje R-3 (paralela a la carretera de Valencia) y R-5 (Extremadura), no ha podido iniciar los trabajos debido a que algunos alcaldes de los municipios afectados por las obras se negaron a firmar las actas de ocupación de los terrenos. Sin la firma de los regidores, las obras son inviables. El proyecto ya acumula cinco meses de retraso respecto al plan previsto para su puesta en funcionamiento.La decisión del Consejo de Ministros, según una nota elaborada ayer por el Ministerio de Fomento, permite acometer las obras de ejecución de la autopista de peaje R-5.

El obstáculo principal para iniciar los trabajos era el precio por metro cuadrado que ofrecía la empresa concesionaria a los propietarios de los terrenos. Fausto Sánchez Cano, abogado de los dueños del suelo, asegura que la empresa Accesos de Madrid fijó, al principio de la negociación con los propietarios, un precio de 300 pesetas, que ahora ha elevado hasta 410.

La declaración de interés general aprobada ayer por el Consejo de Ministros no modifica en nada la actual situación, según Fausto Sánchez Cano. "La autopista de peaje ya estaba declarada desde el principio como de utilidad pública y, además, el proyecto sigue sin salir a información pública, por lo que incumple los trámites necesarios para que puedan comenzar las obras".

El ministro de Fomento llegó a pedir públicamente, el 15 de junio pasado, a los propietarios de los terrenos por los que transcurriría la carretera de peaje que respetasen las reglas para que se pudieran iniciar las obras. El alcalde de Arganda, Pedro Díez, le replicó: "Se tiene que producir una negociación, porque hablamos de un negocio privado lucrativo para el cual se necesitan unas tierras de unos señores que están en su derecho de reclamar una compensación adecuada".

Las radiales de peaje mejorarán el tráfico, según explica en su comunicado el Ministerio de Fomento. Los usuarios que opten por recorrer los 30 kilómetros que separan Navalcarnero y Madrid por la autopista de pago deberán abonar cerca de 400 pesetas (a 12,90 por cada kilómetro recorrido).

La empresa concesionaria, Accesos de Madrid, integrada por grandes constructoras y sociedades dedicadas a las autopistas de peaje en otros puntos de España, deberá financiar la construcción de la nueva autopista y mantener la carretera durante los 50 años que la explotará.