639 docentes darán clases especiales a 21.000 alumnos con fracaso escolar

El 80%, en el sur

Casi 21.000 alumnos menores de 16 años con desequilibrios familiares, sociales o económicos que dificultan su aprendizaje recibirán este curso una educación especial, con 639 profesores contratados al efecto y modificaciones en el currículo. Es la llamada educación compensatoria, y sus destinatarios se reparten de la siguiente forma: 4.370 gitanos (el 55% de los que estudian en la región), 8.524 inmigrantes (el 34% de los alumnos extranjeros) y 8.093 españoles payos. Los problemas de estos menores son muy distintos (desconocimiento del idioma, falta de integración en la escuela, agresividad, retraso escolar, invalidez), pero el origen es similar en casi todos los casos: familias desestructuradas o con dificultades de adaptación y un entorno económico depauperado. Según la Consejería de Educación, más del 15% de los estudiantes de secundaria de la región (unos 40.000 chavales entre 12 y 16 años) no acaba la enseñanza obligatoria.

El primer Plan Regional de Compensación Educativa, aprobado el pasado 22 de junio por el Consejo de Gobierno, se pondrá en funcionamiento durante este curso, y sus líneas maestras -muchas de las cuales se aplicaron ya en el curso 1999-2000- fueron presentadas ayer por el consejero de Educación, Gustavo Villapalos, y la directora general de Promoción Educativa, María Antonia Casanova. La inversión prevista es de unos 5.000 millones de pesetas.

La flota docente para atender a estos 21.000 alumnos con problemas de aprendizaje (el 2,4% del total de estudiantes) es de 639 profesores (un 76% más que en el curso pasado), el 80% de los cuales se concentra en los distritos del sur de la capital (Usera, San Blas, Villaverde, Carabanchel) y en los municipios del sur de la región. El programa de estudios requiere ciertas modificaciones, de tal forma que "a estos chavales no se les exige aprobar materia por materia, sino ir abarcando ámbitos globales (lingüístico-social, científico-matemático y práctico)", explicó Villapalos.Para aquellos estudiantes que abandonan el instituto antes de terminar la enseñanza obligatoria, la Comunidad cuenta con más de 800 plazas (un 40% más que el curso pasado) en unidades de inserción laboral o aulas-taller; allí, los menores que se apuntan voluntariamente aprenden materias básicas del currículo y, sobre todo, un oficio. "Los resultados son espectaculares. El 90% encuentra después un trabajo", aseguró el consejero.

Villapalos anunció también la puesta en marcha, en fase experimental y sólo en el sur de la región, de un programa de atención domiciliaria a alumnos convalecientes por enfermedad o lesión, que recibirán en su casa 10 horas de clase semanales. La consejería ha acordado además con 80 ayuntamientos la creación de comisiones encargadas de controlar y estudiar las causas del absentismo escolar.