Medio Ambiente rechaza la recalificación de suelo aprobada por Boadilla para pagar un palacio
El gobierno de Boadilla del Monte (18.000 habitantes), una coalición de populares e independientes, ha aprobado la construcción de bloques de pisos en la parcela denominada Olivar 3ª Fase. De los 179 chalés previstos en la finca se pasa a 649 viviendas. El grupo municipal socialista, en la oposición, denuncia la transformación sustancial que sufrirá la zona. Se encuentra avalado por un informe de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid que desaconseja la modificación. La operación urbanística permite a Boadilla pagar una deuda por la compra de un palacio.
Sin competencias
El gobierno municipal, presidido por Arturo González Panero (PP), considera necesario este cambio en la edificabilidad de los terrenos para financiar la adquisición del palacio del Infante Don Luis Antonio de Borbón. El Ayuntamiento cerró en 1998 la compra del conjunto monumental a un particular por 2.000 millones de pesetas. Este inmueble está dentro de los bienes catalogados y protegidos en la Comunidad de Madrid por su interés cultural, histórico y artístico.
El estudio elaborado por el Ejecutivo regional "informa desfavorablemente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte en los ámbitos Palacio y Olivar 3ª Fase".
A continuación, el documento resalta que al lindar el terreno donde se quieren levantar las 649 viviendas con los límites del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama, "podrían haber sido estudiadas otras alternativas más convenientes para la localización de este obligado, al parecer, incremento de edificabilidad".
A pesar de las recomendaciones de la dirección general de Calidad Ambiental, que encabeza Ignacio López-Galiacho, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte dio luz verde a los cambios en el pleno municipal del pasado 31 de julio.
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, José María Amezqueta, considera que el informe regional no es obstáculo para aprobar la recalificación: "No es competencia de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid efectuar las propuestas de reordenación de aprovechamientos de viviendas, ni prever sistemas de gestión". En cuanto a las otras conclusiones del informe, referidas a elevadas demandas de agua, a infraestructuras de depuración y a control de ruidos, Amezqueta matiza que "se han enviado ya todas las especificaciones a los organismos competentes".
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte suscribió un convenio el 29 de julio de 1998 con el fin de adquirir el Palacio del Infante Don Luis Antonio de Borbón. El inmueble, catalogado como bien de interés cultural, se tasó en 2.000 millones de pesetas. Pero las arcas municipales carecían de los recursos necesarios para hacer frente a semejante desembolso.
La solución que buscaron los dirigentes del Consistorio para financiar la operación pasó por realizar un pago de 200 millones en metálico y otros 806,4 millones en fincas municipales libres de cargas. El resto del importe, 993,6 millones, se saldará con el aprovechamiento de 226 viviendas; de éstas, el 50% serán construcciones unifamiliares, y la otra mitad, pisos.
Según el Ayuntamiento, el compromiso adquirido les obliga a variar el Plan General y permitir la construcción de pisos en un lugar como El Olivar, reservado en principio para chalés en parcelas de, como mínimo, 1.020 metros cuadrados.
Carmen Gómez Herrera, portavoz del PSOE de Boadilla del Monte, muestra su total desacuerdo con la decisión y puntualiza: "Como bien dice el informe de Medio Ambiente, en Boadilla existen otras zonas de crecimiento adecuadas para este tipo de edificaciones". La dirigente socialista califica la actuación urbanística como un "cambio sustancial de tipología urbanística del entorno, ya que se pasa de viviendas unifamiliares a minibloques de pisos". En el barrio proyectado vivirían más de 2.000 personas.
El palacio del Infante Don Luis, hermano del rey Carlos III, fue construido en 1785 y es obra del arquitecto Ventura Rodríguez, autor de las fuentes de Neptuno y Cibeles.
Enrique Rúspoli, descendiente del matrimonio celebrado entre Manuel Godoy, valido de Carlos IV, y la condesa de Chinchón, vendió el palacio en 1998 tras más de 20 años en desuso a cambio de 200 millones en metálico, 806 en fincas y suelo para construir las 226 viviendas.
Las instituciones pensaron instalar en el edificio un Centro de Formación de Funcionarios Europeos en Cultura y Comunicación.
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