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Reportaje:

Los caminos del agua

Los trasvases previstos en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) tratan de remediar los caprichos de la naturaleza, que se muestra generosa en el norte peninsular y cicatera en amplias zonas del levante y el sur. Transferir agua de una cuenca bien dotada a otra en la que escasea parece, a primera vista, una idea acertada. Sin embargo, es una opción que puede acarrear importantes alteraciones sociales y ambientales, algo que ya han advertido científicos y ecologistas.Si el Gobierno ha propuesto ceder agua desde la cuenca del Ebro hasta las cuatro comunidades del litoral mediterráneo es porque la considera excedentaria, pero, como explica Leandro del Moral, profesor de Ordenación del Territorio y Demandas Sociales de la Universidad de Sevilla, "nadie va a poder convencer a un observador cualificado y neutral, y mucho menos a un aragonés de a pie, de que al Ebro le sobra una determinada cantidad de miles de millones de metros cúbicos de agua al año". Sería como si alguien pretendiera convencer a un andaluz, enfatiza, "de que al Parque Natural de los Alcornocales le sobran unos cuantos millones de árboles".

Las compensaciones económicas previstas, sostiene este especialista, difícilmente van a poder relajar las crispaciones y equilibrar los costes ecológicos, sociales y emocionales que se van a producir en la cuenca cedente. Resulta complicado esgrimir los argumentos de "solidaridad" y "equilibrio territorial" cuando es evidente que en las zonas a las que se piensan dirigir los recursos muy poco se ha hecho para controlar el crecimiento de las demandas. A juicio de Greenpeace, que ya mostrado su rechazo al PHN, ofrecer más agua al mejor postor, mientras que más de la mitad de los regadíos recurren a sistemas de distribución ineficaces, "es como dejar el grifo abierto y el desagüe destapado".

Aumentar la oferta de agua puede agravar el problema que trata de resolverse. Cuando se plantea un trasvase se generan unas expectativas que provocan un aumento descontrolado y desmesurado de la demanda, de tal manera que cuando el agua finalmente llega a la zona elegida el déficit que trataba de cubrirse se ha multiplicado. Así ocurrió con el trasvase Tajo-Segura, cuyo anuncio provocó el crecimiento de los regadíos murcianos en más de 53.000 hectáreas suponiendo que a esta zona iban a transferirse 1.000 hectómetros cúbicos al año. Sin embargo, la media trasvasada nunca ha superado los 400 hectómetros cúbicos. "Por increíble que parezca", señala José Luis Benito, biólogo del Instituto Pirenaico de Ecología, "la llegada del trasvase convirtió una sequía eventual y episódica en estructural y permanente".

El trasvase del Ebro supondrá la construcción de 529 kilómetros de nuevas canalizaciones y un coste de casi 700.000 millones de pesetas. Algunas de estas obras, dependiendo de su envergadura y trazado, podrían generar un impacto ambiental similar al que produce la construcción de una autovía o una línea ferroviaria de alta velocidad. Desde el punto de vista biológico y físico-químico, asegura José Luis Benito, "los trasvases intercuencas son desastrosos, tanto para el territorio cedente como para el receptor".

En el caso del Ebro se puede llegar a producir un descenso en el nivel de las aguas subterráneas, lo que acabaría provocando la salinización de las tierras cercanas a su desembocadura por penetración del agua del mar. Este fenómeno tendría graves consecuencias para el Parque Natural del Delta del Ebro, que podría ver contaminados sus acuíferos, y reducida su extensión como consecuencia de un descenso en el transporte de sedimentos. Al disminuir los nutrientes que conduce el río también podrían verse afectados los bancos pesqueros situados en el entorno de este espacio protegido.

Para las cuencas receptoras uno de los principales perjuicios es el que se deriva de la introducción de especies exóticas, que pueden llegar a producir desequilibrios ecológicos importantes. Los ictiólogos temen que la conexión del Ebro con las cuencas del litoral mediterráneo suponga el traslado a estas zonas del voraz siluro, que podría acabar con buena parte de la fauna piscícola autóctona.

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Administrar la escasez

El nuevo Plan Hidrológico Nacional introduce algunas mejoras con respecto a los planteamientos que se defendían en el proyecto anterior, fechado en 1993. El volumen total de agua a trasvasar en España se reduce a una cuarta parte de la cantidad prevista hace siete años, el precio unitario del agua que se transfiera del Ebro al litoral mediterráneo aumenta considerablemente con respecto al que actualmente se paga en el caso del trasvase Tajo-Segura, y las aportaciones de recursos se condicionan a la congelación de los regadíos en las zonas receptoras.En el caso de Andalucía el nuevo documento no atiende una de las principales reivindicaciones de los agricultores, que esperaban la transferencia de recursos hídricos desde el Guadiana II y el Tajo hasta el Guadalquivir. De hecho, el Plan Director de Infraestructuras de Andalucía, redactado en 1998, basaba la política hidráulica de la comunidad en aportaciones exteriores seis veces por encima de las ahora anunciadas.

"Los nuevos responsables del agua en Andalucía", razona Leandro del Moral, "saben bien que los abastecimientos a la población deben estar garantizados sin necesidad del Plan Hidrológico Nacional; que la prioridad es empezar a poner orden en el descontrol imperante, asignar mejor lo mucho que ya se tiene y avanzar hacia esa nueva cultura que la gestión del agua requiere en España".

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