Trabajo afirma que no excluirá a los centros ligados a Unió de las ayudas para formación

Pese a las críticas de la oposición, el Gobierno catalán no excluirá a las tres fundaciones ligadas a Unió Democràtica de Catalunya (UDC) de los centros que pueden recibir ayudas para la formación de parados. "No haremos listas negras porque sería inconstitucional", afirmó ayer el consejero de Trabajo, Lluís Franco, ante la oposición en el Parlament. Tampoco se excluirán de las ayudas algunos centros propiedad de militantes de Unió como Gestumer o el Centro Ocupacional de la Mujer. "Todo el mundo puede optar a estas ayudas si cumple los requisitos de eficacia en la formación", dijo Franco.

La oposición volvió a criticar ayer las ayudas a las fundaciones FECEA, FESEC y CEEF, ligadas a UDC. Pero el consejero de Trabajo y miembro de este partido aseguró que cualquier persona o entidad tiene derecho a optar a los fondos para formar a parados. "También reciben estos fondos los sindicatos, las patronales y los ayuntamientos, como el de Barcelona, que recibió 650 millones de pesetas el año pasado", afirmó el consejero.

Devolución de ayudas

La izquierda también cargó por las ayudas dadas por el Departamento de Trabajo a las academias del empresario Fidel Pallerols, investigado por irregularidades en sus centros de formación. La oposición sospecha que estos centros han podido subvencionar a UDC, pero Franco eludió hablar en su comparecencia sobre si este partido se ha financiado con fondos de Pallerols. En mayo pasado quedó probado que el militante de UDC Santiago Ballvé había recibido dinero del empresario, aunque Unió niega que hayan servido para financiarse.Trabajo justifica las ayudas dadas en 1999 a los centros de formación de Fidel Pallerols porque lograron recolocar entre el 76,7% y el 67,6% de los parados que asistieron a sus cursos. Se trata de los centros TEO, AND y CEIF, que recibieron 250 millones de pesetas, aunque luego renunciaron a 146 millones por no poder asumir todos los cursos, según explicó en el Parlament el consejero de Trabajo.

Otro alto cargo del Departamento de Trabajo que se vio salpicado por las ayudas fue el anterior director general de Cooperativas de la Generalitat, Bernat López Pinto. El centro de formación Keller, controlado por su esposa, también recibió ayudas. Esta empresa deberá devolver algunas ayudas recibidas, contestó el consejero de Trabajo ante las preguntas de la oposición, aunque sin concretar el importe. Fuentes del Departamento de Trabajo descartaron irregularidades en la empresa Keller y dijeron que la devolución de ayudas ocurre a veces cuando algún centro justifica mal los gastos ligados a las subvenciones recibidas.

Franco y el diputado socialista Josep Maria Rañé mantuvieron un largo rifirrafe sobre el uso de los fondos de formación. "El caso Pallerols pesa como una losa sobre Unió y es un secreto a voces que ser de Unió ayuda a recibir subvenciones", increpó Rañe al consejero de Trabajo. La afirmación irritó al consejero: "No se pueden hacer afirmaciones sin pruebas y su grupo quiere utilizar este tema para erosionar al Gobierno". Rañé reclamó una "respuesta política" a lo que calificó de "escándalo" y aseguró que "quien debería venir aquí a explicar estas cosas es Josep Antoni Duran Lleida", el máximo líder de Unió.

El diputado socialista también descalificó la investigación interna del departamento sobre los fondos para formar a parados porque se ha centrado en un sólo año y en 40 centros de los 900 existentes. Rañé instó a Franco a cambiar de modelo para la formación de parados. También cuestionó la eficacia de los centros investigados a la hora de recolocar parados. "Ustedes con un solo día que trabaje una persona ya consideran que está ocupado seis meses después de darle la ayuda a un centro", afirmó. El diputado socialista reprochó al consejero que que a Pallerols se le volviera a dar ayudas en junio de 1999 "habiendo informes técnicos que cuestionaban la labor de sus centros".

El PP, que ha dado apoyos parlamentarios al Gobierno catalán para evitar una comisión de investigación parlamentaria, dio ayer una de cal y otra de arena. En opinión de la diputada Alicia Sánchez, "hay que reconocer la tarea de control que se está realizando, aunque se haya hecho tarde". La diputada del PP afirmó que el modelo en vigor para formar parados "no es tercermundista"como habían dicho algunos miembros de la oposición de izquierdas", pero planteó que la investigación del departamento debería haber incluido otros años y no sólo 1999.