El PSPV de Elche reconoce un "error" en la participación de una funcionaria en un expediente

El equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento de Elche, admitió ayer que la arquitecta jefe de la institución pública, Pilar Amorós, habría incurrido en un "error formal" al no inhibirse en la tramitación de un expediente urbanístico en el que dos hermanas y un primo figuran como propietarios de terrenos. El portavoz del PSPV, Carlos González, aseguró estar "convencido" de que la actuación de la funcionaria ("cuya actuación siempre ha sido escrupulosa e imparcial") no esconde "ningún tipo de mala fe ni de interés personal", y resaltó que su participación en el expediente carece de "trascendencia real" en el proyecto urbanístico.Los tres familiares de Pilar Amorós, poseen 5.000 metros cuadrados de suelo, adquiridos por herencia, de los cerca de 300.000 afectados por una urbanización situada en el perímetro de protección del parque natural de las Salinas de Santa Pola. "Se trata de un error inocuo ya que en el informe que ella suscribe no se propone cuestión de fondo alguna", dijo González.

Desde la oposición, PP y EU, pidieron al alcalde, Diego Macià, que ofrezca explicaciones sobre la actuación de la alta funcionaria. Por el PP, Rafael Ramos instó al equipo de gobierno a abrir una investigación para aclarar si la funcionaria ha incurrido en algún tipo de irregularidad.

Por su parte, la edil de EU, Ángeles Candela, anunció que en las próximas horas trasladará al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que decretó la suspensión cautelar del proyecto urbanístico, una copia de la información publicada ayer por EL PAÍS, en la que se relatan los hechos. EU insta a los magistrados a que investiguen si la firma de la funcionaria puede provocar la nulidad del acuerdo plenario en el que se dio vía libre a la construcción de 1.200 viviendas. Candela afirmó que la participación de Amorós "podría ser otro defecto del proceso que aporta nuevos despropósitos al expediente".

En el mismo sentido, la plataforma Salvem el Pinet, creada para denunciar la "brutal agresión" que supone la urbanización para el importante humedal, y que también recurrió ante el TSJ, anunció que adjuntará el expediente administrativo bajo sospecha al proceso judicial. Para el portavoz del colectivo, Miguel Ángel Pavón, la participación de un funcionario en un asunto que afecta a familiares directos puede "frenar" el proyecto.