Matas afirma que el Gobierno quiere evitar una 'guerra del agua'

El Gobierno intentará alcanzar el máximo acuerdo político y social para sacar adelante el Plan Hidrológico Nacional, una de las leyes más esperadas de los últimos años, sin reabrir una guerra entre los territorios que tienen agua de sobra y los que la necesitan. El objetivo es alcanzar un pacto de Estado, como lo describió ayer el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, que solucione "un problema ancestral de una vez por todas"."Quiero garantizar que este proyecto solucionará los problemas del agua en cada cuenca y cada río; hará que donde haya agua, se aproveche, y donde no, se lleve", indicó ayer Matas, que inauguró el seminario La gestión del agua en España e Iberoamérica en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.

El borrador de la ley, que prevé inversiones por tres billones de pesetas hasta el año 2008 para poner orden al abastecimiento y gestión hidráulicos, pasará hoy su primera prueba ante los 91 miembros del Consejo Nacional del Agua, que aglutina a representantes de cuencas hidrográficas, gobiernos autonómicos, expertos, asociaciones de regantes y grupos ecologistas.

El Ejecutivo se reunirá el miércoles con el PSOE, que ya ha anunciado su intención de colaborar, para discutir el contenido de la normativa. Habrá encuentros con otros partidos políticos. "El Gobierno no ha aprobado aún ningún proyecto de Plan Hidrológico", destacó Matas como muestra de su buena disposición para aprobar un texto que haga feliz a todos.

Ya ha habido, sin embargo, otros intentos de alcanzar un acuerdo en el pasado, que acabaron en fracaso. El ministro quiere convertir esta vez la discusión en "un gran debate social para alcanzar el máximo acuerdo posible ante un tema de solidaridad nacional". Matas recordó que el agua ha dejado de ser un "don gratuito" para convertirse en un "bien económico que hay que poner en valor".

"Filosofía nueva"

El ministro indicó que el 84% de la inversión prevista se destinará a ahorro y gestión medioambiental, a la reutilización y la regeneración de los hábitats hídricos. Un esfuerzo que se corresponde con una "filosofía nueva" que tiene muy en cuenta la perspectiva medioambiental, en parte impulsada por la nueva directiva europea sobre la materia. El resto del dinero previsto se destinará a actuaciones de regulación, sobre todo en la zona de Aragón y en el río Guadalquivir.El Ejecutivo dispone de mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, que al fin y al cabo es quien tiene que dar el visto bueno a una ley que llega con 15 años de retraso. Los planes del Gobierno son que el proyecto esté listo para entrar en el Parlamento a principios de 2001 a más tardar y que le ley se apruebe a lo largo del año que viene.