Ahora, Francia
La "modificación de la arquitectura fiscal" de la que hablaba años atrás el primer ministro francés, Lionel Jospin, para hacerla "más justa, transparente y progresiva" no es probablemente la que inspira el plan de reducción fiscal que presentó el jueves pasado su ministro de Hacienda, Laurent Fabius. A juzgar por los excelentes resultados que otorgan al Gobierno las encuestas realizadas después de anunciar el plan, éste parece responder más bien a la filosofía expresada por el propio Fabius en 1999: "La izquierda no corre peligro de ser derrotada por la derecha, pero sí por los impuestos y las tasas". El próximo año habrá elecciones municipales, en las que es probable que París y Lyón, dos ciudades siempre gobernadas por la derecha, pasen a manos de la izquierda. Y faltan menos de dos años para las legislativas y presidenciales. Los Gobiernos, del signo que sean, administran sus decisiones atendiendo también a su rentabilidad electoral, de ahí que resulte cuando menos ridícula la irritación mostrada por la oposición conservadora y sus consiguientes acusaciones de electoralismo al Gobierno de Jospin.El plan propuesto por Fabius supone que la Hacienda francesa renunciará a ingresar en el próximo trienio unos tres billones de pesetas mediante las siguientes medidas: reducción en los tipos marginales de todos los tramos del impuesto sobre la renta de las personas físicas (que absorbería más de la tercera parte de las reducciones totales), rebaja en los impuestos sobre el beneficio de las empresas (más acusada en las pequeñas), disminuciones de las cotizaciones a la Seguridad Social para los trabajadores con menores salarios y descenso en el impuesto sobre los carburantes. Éste se aplicará a partir del próximo día 21, sin que quepa descartar recortes adicionales si siguen elevándose los precios del petróleo. Con un carácter más simbólico y no menos electoralista, se suprime el equivalente a nuestro impuesto de circulación (la controvertida vignette), que obligaba a pagar, dependiendo de la potencia de los automóviles, un promedio de 12.000 francos al año (unas 300.000 pesetas).
Con este plan, todavía pendiente de concreción en diversos aspectos, el Gobierno de Jospin se incorpora a la corriente iniciada por otros Gobiernos que han tratado de aprovechar la bonanza recaudadora asociada a la actual fase expansiva de las economías y los excepcionales ingresos generados por las subastas de telefonía de tercera generación. El plan de su homólogo alemán prevé la reducción de ingresos tributarios de 4,4 billones de pesetas a lo largo de cinco años.
Con la decisión adoptada, el Gobierno francés ha tratado de asegurar la prolongación de la actual fase de crecimiento y de creación de empleo supeditando a este objetivo, compatible con las aspiraciones electorales, algunos posibles efectos secundarios de carácter político y económico ante sus aliados verdes y comunistas. Pero, más allá de esas eventuales contrapartidas, lo cierto es que la decisión francesa sigue la tendencia hacia una reducción de la presión fiscal de la que, en un contexto de elevada integración económica y financiera internacional, ningún Gobierno, por firmes que sean sus postulados ideológicos, parece poder sustraerse. Los efectos en nuestra economía no pueden ser sino favorables, en la medida en que la mayor confianza y dinamismo que el plan transmitirá probablemente a la economía francesa deben traducirse en mayores garantías de continuidad del crecimiento en el conjunto de la zona euro y en mayores posibilidades para nuestras exportaciones; esto, claro está, si nuestra competitividad no se deteriora al ritmo que lo viene haciendo en los últimos meses.
