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El PSOE cree "grotesco" el contrato y lo denunciará al Tribunal de Cuentas

Rafael Simancas, concejal socialista y presidente de la comisión de vigilancia de la contratación en Madrid, anuncia que su grupo pedirá en el próximo pleno municipal que se remita el contrato al Tribunal de Cuentas para que determine si ha existido alguna anomalía en su tramitación y si hay que depurar responsabilidades entre el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. "La adjudicación de este contrato acumula tal cantidad de irregularidades y fraudes de ley que resulta grotesco", declara Rafael Simancas. Y explica así su denuncia: "El contrato se adjudicó a dedo mediante pretextos de urgencia falsos, como reconoce la intervención municipal en el expediente; el alcalde de otro municipio presionó oportunamente y por escrito a un funcionario municipal para que acelerase la contratación, y se produjo también una simulación de concurrencia porque al menos dos ofertas comparten dirección y teléfono".

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El alcalde de Pozuelo urgió a Madrid en una obra concedida a la empresa de su ingeniero municipal

Esther Alonso, portavoz del PSOE en Pozuelo, también observa múltiples irregularidades en este contrato. "Lo primero que tengo que decir es que tanto Gómez Gutiérrez como Díaz Guerra y Prada Losada [socios de la empresa que recibió el contrato del Ayuntamiento de Madrid] son funcionarios de Pozuelo con complemento por exclusividad, lo que les impide realizar, salvo permiso específico, cualquier otra tarea. Y desde luego nunca podrían cobrar del Ayuntamiento de Pozuelo, como es el caso de este convenio. Lo que más sorprende es que el Ayuntamiento de Pozuelo haya pagado 24 millones por un trabajo similar al hecho por su ingeniero municipal como empresario privado para el Ayuntamiento de Madrid".

"El alcalde de Pozuelo debería explicar por qué escribe una carta a un funcionario de Madrid y no al propio alcalde para acelerar las obras. Con tantas irregularidades que se están dando en la oficina de ingeniería vamos a exigir que la comisión de investigación se amplíe a estos funcionarios. En la medida que este funcionario ha sido dirigente y diputado del PP, creemos que debe ser investigado por el actual presidente, Pío García-Escudero", explica Esther Alonso.

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