La universidad española, ¿una universidad de quinquis?

Dejar sin contestar el artículo del profesor Mariano Fernández Enguita (EL PAÍS de 16 de agosto de 2000) titulado Endogamia no, incesto y partenogénesis, podría resultar preocupante, ya que frente al quien calla nada dice, los lectores podrían optar por el quien calla otorga. Vaya por delante que las preocupaciones del profesor Fernández son las de muchos profesores universitarios. Las de muchos rectores y las mías, en especial desde que accedí al cargo de rector de una universidad española que, como las demás, debe hacer la mejor política de profesorado posible con los instrumentos legales existentes. En 1995, es decir, hace ya algunos años, expresamos la voluntad de elaborar un Libro Blanco de Política de Profesorado, que diese un tratamiento global al tema en el marco de la autonomía universitaria que la Constitución española y la LRU reconocen a la universidad. En 1997, el Libro Blanco fue aprobado -con el pesar de una minoría- por la Junta de Gobierno y el Claustro. Existía una mayoría para ello, y no importó que hubiese que pagar un coste electoral. Se trata de un documento que propone respuestas -criticar resulta muy fácil, y más si no se tienen responsabilidades de gobierno universitario- a temas que vienen recibiendo críticas continuadas, en la línea de las que formula el profesor Fernández. Este año se ha realizado un análisis de la política de profesorado derivada del Libro Blanco, que se recoge en el documento Seis años de política de profesorado: aprender del pasado con el ánimo de innovar. Con estas credenciales en la mano, considero que soy uno de los rectores de universidad, y no el único, que está en condiciones de opinar sobre el artículo del profesor Fernández, en un tema de tanta importancia para el futuro de una universidad y que no deja indiferente a ningún equipo de gobierno universitario.Recientemente, hablando de estos temas con una profesora de la Université du Québec à Montreal (UQAM), le preguntaba: "¿En Quebec cómo se resuelve el tema de la endogamia?". Le tuve que explicar a qué me refería. "¡Ah!", contestó, "está muy mal visto que un departamento de una universidad seleccione a alguien de la propia universidad. No sucede". En España no existe esta cultura, ni la legislación que obligue a ello, como en Alemania, donde no se puede acceder a cátedra en la propia universidad, con lo que la movilidad queda asegurada. Pero no olvidemos que, tanto en Quebec como en Alemania, son las propias universidades las que tienen la responsabilidad de seleccionar a su profesorado. ¿Entendería alguien que una empresa fuese a las empresas de la competencia a que le seleccionasen su personal? ¿Por qué debemos hacerlo las universidades? La Ley de 1857 (Ley Moyano), la de 1949 o la de 1970 (Ley General de Educación) concebían una universidad funcionarial, uniforme, estática, con plazas de profesorado funcionario bien establecidas para siempre, con tribunales 0+5. ¿Es éste el modelo que debe propugnarse ahora o debemos trabajar para mejorar las aportaciones de la LRU, pensando en unas universidades dinámicas, comprometidas con la investigación, diferenciadas entre ellas y dentro de ellas?

El profesor Fernández me preguntaría, sin duda, qué garantías podemos dar las universidades para que se cumplan los principios de igualdad, capacidad y mérito, o simplemente me espetaría que mi postura deja traslucir el corporativismo de siempre o la sumisión de un rector a sus votantes; no, no es así. Los rectores volamos con paracaídas y volvemos a nuestra cátedra cuando una mayoría de la universidad lo quiera. El Libro Blanco antes citado ha tenido contestación, pero por parte de sectores minoritarios de mi universidad, ya que, de lo contrario, si fuesen mayoritarios no sería rector el que suscribe. No hay, pues, ni corporativismo ni sumisión en mis planteamientos.

"Ninguna plaza sale a concurso mientras no haya alguien de la casa", afirma el artículo. Así es, digo sin rubor. Ahora bien, no nos quedemos aquí. ¿Cómo se determina si hay alguien de la propia universidad? Aquí está el quid de la cuestión. El Libro Blanco establece, y éste ha sido uno de los puntos más cuestionados internamente, que para asignar de forma objetiva recursos económicos a un área de conocimiento para convocar un concurso público sea la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) -la más prestigiosa que tenemos en España- la que realice una evaluación externa de la actividad investigadora de los posibles candidatos internos. Otras universidades españolas han optado por este mismo sistema. La evaluación la llevan a cabo de forma anónima especialistas, y se responsabiliza de cada una de ellas el coordinador del correspondiente ámbito en la ANEP. También se podría recurrir a expertos internacionales, como nos recomendaron los evaluadores de la CRE y hacen algunas universidades extranjeras. El profesor Mariano Fernández, y quizás otros lectores, sonreirán y dirán: "La plaza les espera". Pueden verlo así. Nosotros entendemos que se intenta asignar recursos económicos para fomentar una docencia innovadora y la investigación de los equipos más activos dentro de la universidad. Para ello se promociona y ficha a los mejores, basándose en una actividad científica acreditada por referentes externos (EL PAÍS de 5 de agosto de 2000, página 37). Dar la posibilidad de estabilizar y promocionar a aquel profesorado que, de acuerdo con referentes externos, haya acreditado haber realizado una actividad investigadora relevante y una docencia de calidad, es positivo y debe permitir a una universidad afrontar el futuro desde posiciones más ventajosas.

Coincido con el profesor Mariano Fernández en los problemas que plantea, pero no veo que sus propuestas de solución sean las que más convengan. No tengo la solución, vaya esto por delante. En lo referente a los perfiles de las plazas, puede, y de hecho han dado lugar a manejos torticeros. Existe un buen trabajo al respecto del profesor Antonio Pascual Acosta, publicado ya en 1987, en el que refleja la buena fe de los redactores de la LRU y decretos y el uso que hicieron de ella algunos departamentos, hasta que hubo de cambiar el real decreto sobre acceso al profesorado ordinario. Por lo que se refiere a la composición de las comisiones (tribunales), habría que modular, sin duda, el protagonismo de los departamentos. Algunas universidades disponen de una comisión de notables, elegidos por el Claustro con una mayoría cualificada, para que sean ellos los que estudien las propuestas de los departamentos de los miembros para tribunales. La comisión puede cambiar, y de hecho cambia, las propuestas si lo cree oportuno. No cabe duda de que se trata de una opción dura de hacer aprobar por una Junta de Gobierno, pero no imposible en el marco legal actual y que bien seguro podría mejorar la situación.

Dudo seriamente de que el modelo 0+5, que propone el profesor Mariano Fernández, resolviese el problema. Ahora, con el 2+3, los concursos están en manos de los departamentos, porque son ellos los que proponen dos miembros. No obstante, con el sistema de una evaluación por parte de la ANEP, que utilizan diversas universidades españolas para decidir a qué área de conocimiento asignar recursos económicos para convocar un concurso, los lobbies departamentales han perdido mucho poder -para pesar de algunos- a la hora de "dar plaza" a unos sí y a otros no. El 0+5 representaría, en mi opinión, volver al sistema de tribunales previos a la LRU, con el que las plazas estaban en manos de los lobbies que controlaban las cátedras (ahora serían las áreas de conocimiento). No sé cuál es la solución, pero considero que ésta no parece la mejor solución.

Muy pocas veces se analiza la incidencia que el modelo de unas áreas de conocimiento muy amplias, científicamente muy dispersas, puede tener sobre las actitudes de los miembros de un tribunal. La pertenencia de los miembros de un tribunal a áreas de conocimiento de temática dispersa puede conllevar que algunos de ellos se encuentren muy alejados de la temática del concurso y el "si a la universidad le parece bien" puede acabar imponiéndose, así de simple.

Considero que tampoco sería solución desenterrar las plantillas teóricas estáticas de antaño (Ley de 1970). La situación actual permite a las universidades ir estableciendo estrategias de futuro con una plantilla por objetivos, que recibe recursos de una bolsa común que se alimenta de los recursos de plazas ya sin interés. Las críticas indiscriminadas sobre la endogamia universitaria requieren una reflexión serena para darles respuestas con una visión de conjunto que, si bien busque la defensa de los intereses generales, no hipoteque el necesario dinamismo de las universidades de cara al futuro. Estimúlense actuaciones que fomenten la incorporación de candidatos externos por parte de las universidades; instrumentos, los hay.

Jaume Porta Casanellas es rector de la Universitat de Lleida.