Los consumidores exigen al Gobierno que actúe contra la escalada de los carburantes

La protesta por la escalada de los precios de los carburantes resonó ayer en toda España, un día después de que Repsol subiese dos pesetas el gasóleo, la segunda subida de esa magnitud en una semana. Agricultores, camioneros autónomos, asociaciones de consumidores, de vecinos, y pescadores gallegos criticaron con dureza a las petroleras y exigieron al Gobierno medidas urgentes. Los usuarios reclaman al Ejecutivo una competencia eficaz en el sector de hidrocarburos, mientras que los sectores más afectados, el transportista y el agrícola, solicitan subvenciones al gasóleo.

El malestar desatado por los últimos dos aumentos del gasóleo es sólo el comienzo de una crispación social que ya ha aguado los últimos días de las vacaciones de los Ministerios de Economía, Hacienda y Agricultura. Las tres oficinas tienen una cita inminente con agricultores en pie de guerra, camioneros enfadados y consumidores cansados de ser sorprendidos cada poco tiempo por nuevos y mayores precios de los carburantes que repostan.Los usuarios sostienen que el mercado español es un oligopolio en manos de tres petroleras (Repsol YPF, Cepsa y BP). Fernando Moraleda, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) declaró ayer que desde su organización se dará una respuesta "contundente" a la actitud de las grandes petroleras.

"No es justificable que la primera empresa en beneficios de este país, como es Repsol YPF, esté provocando una profunda crisis económica de un sector estratégico para España como es el agrícola", añadió Moraleda. UPA y todas las grandes asociaciones de agricultores han previsto movilizaciones y otras formas de protesta como boicots a la hora de repostar en gasolineras de Repsol YPF para forzar la intervención del Gobierno.

Mayor apertura del mercado

Los consumidores, sean éstos de sectores productivos como el del transporte, el agrícola, el pesquero, o usuarios corrientes de automóviles, reclaman al Gobierno nuevas medidas que impulsen una competencia real en el sector de hidrocarburos. Para muchos de los usuarios las medidas liberalizadoras aprobadas por el Gobierno el 23 de junio pasado no son suficientes. Desde el mismo momento en que se aprobaron, fuentes del sector petrolero aseguraron que esas medidas iban a cambiar muy poco el panorama del sector. Éstas limitaron la apertura de nuevas estaciones de servicio por parte de Repsol YPF y Cepsa y e impulsaron la apertura de la distribución al por mayor de carburantes.Los representantes de las asociaciones de agricultores y transportistas han exigido reunirse con los responsables de las carteras de Economía, Agricultura y Hacienda para tratar el tema. De momento, sólo fuentes del Ministerio de Hacienda ha asegurado que el ministro Cristóbal Montoro "recibirá a los que acudan en representación de ambos sectores". No obstante, mientras la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) quiere hacerse oír por el Gobierno, el representante de la UPA señala que "este problema no se soluciona con reuniones, porque el Gobierno sabe de sobra cuales son nuestras peticiones y el alcance de las pérdidas". "Es la hora de actuar", dijo Moraleda.

La asociación de transportistas autónomos Fenadismer reclamó ayer al Gobierno que reduzca al mínimo establecido por la Unión Europea el impuesto especial sobre el gasóleo. Los camioneros sostienen que si se adopta esta medida, el precio de este carburante para el consumidor final se reducirá en al menos seis pesetas de forma instantánea. Los camioneros ya intentaron que el Gobierno adoptara esta medida a principios de este año. Amenazaron con una huelga de 72 horas para lograr su objetivo. Pese a esto, el ministro de Economía, Rodrigo Rato, se negó a cualquier tipo de subvención para el gasóleo. La medida de fuerza no contó con el apoyo de Conetrans, la patronal de los transportistas por carretera, y se desconvocó.

Los usuarios creen que el Gobierno no mueve un dedo para solucionar el problema porque la situación le conviene. Varias asociaciones de agricultores y de consumidores de carburantes corrientes han declarado que el Ejecutivo "es el principal beneficiario de esta crisis porque recibe miles de millones de pesetas de impuestos cada vez que los ciudadanos llenan los depósitos". El representante de UPA concluyó que "esta es la manera con la que el Gobierno llega a la cifra mágica de deficit cero, pero así no se hace economía". Desde el Ejecutivo, el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, explicó que el Gobierno está "convencido que una mayor liberalización" del sector es el camino para la bajada de los precios.

Ira contra las petroleras

Pese a la acusaciones contra el Gobierno, el malestar social sigue muy dirigido hacia las petroleras. Las compañías aseguran que la subida de los precios responde a razones del mercado (altos precios del crudo que impulsan al alza el precio internacional de los carburantes y, sumado a esto, la debilidad de la peseta frente al dólar). Niegan que se pacten los precios e incluso afirman que sus márgenes de beneficios por la venta de carburantes son negativos porque no han trasladado al mercado la verdadera magnitud del aumento de los precios internacionales.