Decisiones soberanas

KOLDO UNCETAAlgunos portavoces de EH criticaban hace unos días la suspensión cautelar de los acuerdos del Ayuntamiento de Markina relativos al homenaje a Patxi Rementeria, con el argumento de que la misma constituía un ataque a una decisión soberana adoptada por la corporación municipal. Confieso que me llamó la atención el argumento. ¿De verdad hay alguien que puede calificar de soberana una decisión adoptada a través de la coacción y el miedo, como reconoció abiertamente el alcalde de Markina, versión ratificada por el Bizkai Buru Batzar del PNV?

El asunto en cuestión tiene su interés de cara a considerar una vertiente a mi entender fundamental del tan traído y llevado debate sobre la soberanía popular. Se trata éste de un concepto de raíz laica y republicana, por el que siempre he sentido una declarada simpatía, pues viene a refrendar la idea de que el poder político decisorio no emana de dioses o monarcas, ni está constreñido por realidades inmutables, si no que proviene del libre ejercicio de la voluntad del pueblo, sometida en otros tiempos -y aún hoy en muchos lugares- por regímenes teocráticos o absolutistas. La reclamación de la soberanía del pueblo es inseparable desde el surgimiento de la reivindicación de la libertad, pues era precisamente la ausencia de ésta el obstáculo fundamental para el ejercicio de la misma.

En estos tiempos en los que tanto se habla de soberanismo, creo sinceramente que algunos desvían el tiro al apuntar contra las tesis llamadas soberanistas como sinónimo únicamente de nacionalismo excluyente. No dudo de que en la cabeza de muchos de quienes hablan de soberanía haya mucho de exclusivismo. Pero el problema no está, en mi opinión, en reclamar la soberanía del pueblo. En el debate político todo aparece entremezclado pero, desde un punto de vista estrictamente intelectual, el problema se plantea cuando dicha soberanía se identifica con la defensa de unas ideas determinadas y no con el compromiso con la libertad de todos, con el respeto a la voluntad del pueblo soberano.

Yo defiendo el derecho soberano de los habitantes del País Vasco -de todos- a decidir sobre su futuro. Defiendo el derecho soberano de los habitantes de Navarra a decidir el suyo. El derecho soberano de los habitantes de Treviño a incorporarse a Álava si así lo desean. El de los habitantes de Markina a que se respete su voluntad sin cohacciones ni miedos. Y el de Mikel Azurmendi -vaya Mikel, desde aquí mi solidaridad- a decidir soberanamente dónde quiere vivir, sin miedo a que le pongan una bomba en su casa.

Hablemos de soberanía, pero desde la libertad, pues ambos conceptos van íntimamente unidos. No sigamos prostituyendo una idea nacida de la lucha contra los poderes absolutos, contra la ausencia de libertad; una idea surgida para reclamar el libre ejercicio de la voluntad popular sin distinciones ni discriminaciones. En las actuales circunstancias, resulta un sarcasmo que se hable de decisiones soberanas para referirse a unos acuerdos, como los del Ayuntamiento de Markina, surgidos del miedo. La soberanía popular es también la ausencia de miedo a opinar. Y hoy, desgraciadamente, hay miedo, mucho miedo. Por este motivo, si de verdad se quiere avanzar hacia el ejercicio de la voluntad soberana del pueblo en cualquier aspecto de la vida política -incluída la reforma de la legalidad vigente-, lo primero es defender la libertad de las gentes del pueblo, de todas ellas, para expresar sus opiniones.

No comparto -ya lo he dicho aquí muchas veces- una idea de la Constitución como trinchera, ni como límite al libre ejercicio de la voluntad popular. Pero, en las actuales circunstancias, entiendo que haya gentes que vean en ella un sistema de garantías que otros no les ofrecen. Porque ¿qué credibilidad puede tener la defensa de la soberanía reclamada por parte de quienes no respetan la voluntad soberana de un pueblo que ha exigido una y mil veces la desaparición de la violencia?