El Gobierno ha recuperado, para evitar fraudes, desde 1988 cerca de 200 pisos protegidos

El Departamento de Vivienda ha recuperado desde 1988 un total de 192 pisos de protección oficial, que estaban en manos de sus iniciales propietarios, con el fin de evitar el fraude. Vivienda ha intensificado durante los últimos años este mecanismo de la ley de tanteo y en 1999 llegó a adquirir 37 viviendas protegidas, más de la mitad de ellas ubicadas en Guipúzcoa. El objetivo es impedir la venta de estos inmuebles, lo que la normativa actual prohíbe durante un plazo de 20 años, a un precio superior al tasado y frustrar cualquier tipo de especulación.

20 casos al año

Los módicos precios de las viviendas de protección oficial, que suelen oscilar entre los seis y los quince millones, son todo un reclamo para una posterior especulación. Por ello, el Parlamento vasco aprobó en 1988 la Ley de Tanteo y Retracto, que concede al Gobierno el derecho preferencial en la transmisión de estos inmuebles. Es decir, que paga al propietario una cantidad estipulada según diversos parámetros (superficie, ubicación) y se queda con la vivienda. Esta actuación se realiza cuando sospecha que el propietario trata de lucrarse vendiendo la vivienda por encima de la tasación legal. "Son viviendas sometidas a régimen público y por esto han tenido ayudas que han permitido precios mucho más baratos que en el mercado libre. Si el Gobierno no interviniese, el propietario la vendería al doble, triple o el cuádruple de lo que pagó y la finalidad pública se pierde", explican en la consejería de Vivienda.La normativa de los pisos de protección establece que los posteriores a 1996 no pueden venderse antes de 20 años y para los que recibieron esta calificación entre 1988 y 1996 el plazo se amplía a 30 años. Si el propietario quiere vender una vivienda de protección debe presentar una oferta al Gobierno, que ejerce entonces el derecho de tanteo si cree que existe un ánimo final de lucro.

Por ejemplo, si el propietario informa al Gobierno que va a vender su vivienda por 12 millones de pesetas, pero los técnicos del Departamento de Vivienda sospechan que va a recibir una cantidad superior (20 millones en un supuesto), entonces la compran. Así el vendedor se quedará únicamente con los 12 millones y el hipotético comprador perderá, probablemente, el dinero que haya adelantado para cubrir la diferencia entre los 12 millones oficiales y los 20 reales.

La ley de tanteo, aprobada cuando era consejero de Vivienda el socialista José Antonio Maturana, se utilizaba bastante menos que ahora: hasta 1994 nunca superaba la decena de casos anuales.La llegada de Patxi Ormazabal (EA) a la consejería supuso el recurso a esta vía en más de 20 casos cada año. De esta manera, de 1998 a 1994, el Gobierno adquirió un total de 49 viviendas protegidas y desde 1995 a 1999, la cifra se ha elevado a 143.

Sólo el pasado año, Vivienda se hizo con 37 pisos, con un coste de 476 millones, de los que 20 estaban en Guipúzcoa, doce en Vizcaya y cinco en Álava. "Estas viviendas vuelven a salir a sorteo para que sean habitadas por otras personas que cumplen los requisitos y están en las listas de espera", señalan.

Sin embargo, según los datos del Gobierno, ninguna de estos 37 inmuebles ha vuelto a ser adjudicado. "Los afectados suelen recurrir a los tribunales y entonces el expediente se paraliza. Pero el Gobierno suele ir también por la vía civil para quedarse con la vivienda".

Actualmente, la cifra de existencias en viviendas protegidas pendientes de volver a ser adjudicados alcanza los 815 millones, lo que supone alrededor de 70 pisos. "Se aprecia un fuerte incremento de las viviendas de tanteo en existencias, lo que indica que la gestión de venta es más complicada y lenta que la de compra, lo que obliga a soportar unos gastos durante más tiempo de lo que se había previsto en un principio", aduce el último informe de Visesa, la sociedad pública del Gobierno que gestiona los asuntos relacionados con la vivienda.

La consejería que dirige Ormazabal tiene previsto intensificar la lucha contra el fraude en las viviendas protegidas con la puesta en marcha de controles más rigurosos. Pretende introducir una cláusula de "pacto de recompra" en los contratos de compra-venta para aplicarla a las situaciones en las que no están ocupados los inmuebles, obligar a los notarios a remitir a las delegaciones territoriales del Departamento de Vivienda las minutas y las escrituras relativas a todas las ventas de viviendas protegidas para su visado, y crear un sistema para inspeccionar la ocupación efectiva de estos pisos en régimen de protección.