Protección de Datos actúa contra la productora de 'Gran Hermano'

La Agencia de Protección de Datos adoptó ayer medidas cautelares contra la productora de Gran Hermano, Zeppelin; contra uno de los psicólogos que seleccionaron a los concursantes y contra la empresa TEA Ediciones por ceder y tratar datos "especialmente protegidos" referidos a 1.722 aspirantes al concurso. Estos datos fueron publicados en julio en Internet, lo que indujo a la agencia a abrir, a finales de ese mes, un expediente sancionador por graves infracciones de la Ley de Protección de Datos. Ahora, la agencia obliga a los expedientados a deshacerse de los ficheros con la información confidencial.

El director de la Agencia de Protección de Datos, Juan Manuel Fernández, interrumpió ayer sus vacaciones para firmar la adopción de las medidas cautelares, que implican que los expedientados deberán deshacerse de todos los ficheros que contienen los datos privados de los aspirantes a concursar en Gran Hermano. Antes, todos ellos tienen tres días para hacer alegaciones en las que justifiquen el uso de estos datos. Este periódico se puso en contacto ayer con la productora para conocer si se va a ejercer este derecho; sin embargo, una portavoz de ésta dijo desconocer la adopción de las medidas cautelares. Esa misma tarde, Zeppelin difundió un comunicado en el que "ante el expediente sancionador" manifiesta haber sido "víctima de un hacker en su base de datos", y recuerda que el 10 de julio presentó una denuncia por "sustracción de documento".

Juan Manuel Fernández explicó ayer que el organismo que dirige ha encontrado indicios de infracciones graves y muy graves de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal por parte de Zeppelin, Manuel de Juan Espinosa, TEA Ediciones, pero también de las empresas Atento Comunicaciones, SA, y contra Sector, Factibilidad y Evaluación, SL, contratadas por la productora para realizar la selección de los concursantes.

En concreto, según Fernández, por "no informar a los aspirantes a concursar, en el momento de recabar los datos", de que iban a cederlos y a tratarlos. Además, "por realizar cesiones de datos inconsentidas a otras empresas y al psicólogo", así como "por tratar datos sin el consentimiento" de los aspirantes y "por falta de medidas de seguridad" en sus ficheros y bases de datos.

Estas infracciones se refieren a los artículos cinco, seis y siete de la Ley de Protección de Datos, en los que se exige el "consentimiento inequívoco" para tratar datos de carácter personal. Dicha ley establece como datos especialmente protegidos aquellos de carácter personal en los que los afectados declaren sobre "su ideología, afiliación sindical, religión o creencia", así como los de "origen racial, salud y vida sexual". También se refieren al artículo 9, sobre seguridad de los datos, en el que se exige que los responsables de ficheros y los encargados "adopten las medidas necesarias" para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o accceso no autorizado".

El director de la agencia explicó que los investigados se intercambiaron los datos entre sí y los trataron. En concreto, según Fernández, Manuel de Juan Espinosa estableció "perfiles psicológicos en los que llega a detectar enfermedades graves" a partir de ellos.

Por otra parte, la agencia ha podido comprobar que, una vez finalizado el concurso, todos los investigados mantenían en su poder los datos de los aspirantes a concursar.

La Ley de Protección de Datos considera infracciones muy graves la comunicación o cesión de datos especialmente protegidos, así como su tratamiento sin consentimiento. Y se sancionan con multas de 50 a 100 millones de pesetas. Todos los expedientados podrían haber cometido al menos una falta muy grave, salvo Zeppelin y Manuel de Juan Espinosa, que habrían cometido dos. Por ello, las multas podrían llegar a superar los 500 millones de pesetas, lo que supondría la multa más alta impuesta por la Agencia de Protección de Datos.