Listas de pederastas

Los padres que reclaman conocer el nombre y la dirección de los pederastas que habitan en su localidad o barrio ni están locos ni son furiosos fascistas. La suya es una exigencia comprensible desde el legítimo temor de cualquier padre a que sus hijos sean víctimas de abusos. Pero de ahí a la publicación por la prensa sensacionalista de las listas de agresores sexuales fichados por la policía, como ha sucedido en el Reino Unido y Bélgica recientemente, hay un abismo. La campaña Nombra y Avergüenza, lanzada por el periódico News of the World, es, además de oportunista (el diario aprovechó la terrible muerte de la niña inglesa Sarah Payne), un cortocircuito intencionado en las reglas propias de un Estado de derecho.La publicación de los archivos de pederastas no sólo dificulta la labor policial y de los servicios sociales que tratan de controlar y rehabilitar a estas personas, sino que quiebra la convivencia entre los ciudadanos. Los resultados de la barbaridad de esa publicación amarilla son: el suicidio de dos personas en espera de juicio, ataques contra pederastas que ya habían cumplido condena y contra inocentes, la huida de algunos agresores por temor a ser linchados. Y una población convertida en una turba ansiosa por tomarse la justicia por su mano.

Hoy son los pederastas, pero mañana, la ciudadanía puede exigir las listas de enfermos de sida, de drogadictos, de personas con antecedentes policiales o, simplemente, de los clientes de un videoclub que alquilan a menudo películas pornográficas. Y así, hasta llegar a un Estado parapolicial donde la denuncia arbitraria -no hay que olvidar la lamentable iniciativa, rápidamente subsanada, del Partido Popular de abrir en su página web un espacio para tramitar denuncias de ciudadanos contra supuestos narcotraficantes- y la ley de Lynch camparían a sus anchas.

El Estado debe garantizar la seguridad de los ciudadanos y a las administraciones corresponde neutralizar la amenaza que suponen los agresores sexuales. Pero de forma civilizada, con la ley en la mano, la vigilancia policial bien organizada y aplicando tratamientros que permitan la rehabilitación de los pederastas. Un pederasta colgado, lapidado por los medios de comunicación o repudiado por sus vecinos es la barbarie en estado puro; y una perversión de la democracia.