Renfe traspasará un tercio de su plantilla con el plan de Fomento para liberalizar el tren

El anuncio efectuado por el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos acerca de la inminente liberalización y apertura a la competencia del sistema ferroviario ha disparado los cálculos sobre lo que ese proceso representará para la compañía ferroviaria Renfe. Dos aspectos destacan sobre el resto: la repercusión en la plantilla y en la financiación de la compañía. Según fuentes conocedoras del plan, el traspaso de algunas actividades de Renfe a otro gestor supondría aligerar un tercio la actual plantilla de Renfe -34.200 empleados- y reducir su endeudamiento -1,14 billones- a menos de la mitad.

El probable traspaso de la construcción de infraestructuras, el mantenimiento de vías y la gestión de la circulación a un gestor distinto de Renfe -probablemente el actual Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, GIF, dependiente de Fomento- supondría reducir la actual plantilla de Renfe, que cuenta con 34.200 empleados, en 10.400 trabajadores y rebajar su actual endeudamiento de los 1,14 billones a unos 540.000 millones de pesetas.El proceso liberalizador adelantado hace una semana por Álvarez Cascos, y al que se oponen frontalmente los sindicatos, dejaría a la compañía Renfe como una empresa pública encargada de realizar el servicio de transporte de viajeros y de mercancías. Renfe operaría en condiciones de igualdad con otras empresas privadas en trayectos de alta velocidad y grandes líneas, sin recibir subvenciones. En otros servicios, como las cercanías y los regionales, donde la rentabilidad es más difícil de lograr, el Estado podría convocar concursos para buscar el mejor operador, aunque muy probablemente Renfe seguiría prestando el servicio.

En la actualidad, y según el Contrato-Programa con el Estado que finaliza el 31 de diciembre, Renfe recibe 120.000 millones anuales por gestionar la infraestructura ferroviaria; 30.000 millones más por prestar el servicio de cercanías; 8.500 millones por gestionar los trenes regionales; 33.000 millones para abonar los intereses de la deuda que el Estado mantiene con la empresa y 40.000 millones como Plan de Viabilidad de todas las unidades de negocio que deben tender a la rentabilidad: grandes líneas, AVE, cargas, transporte combinado, mantenimiento de trenes...

El plan liberalizador del ferrocarril comenzará a debatirse de forma acelerada, según creen fuentes de Renfe, a partir de septiembre. Uno de los temas más espinosos será la cuestión de la plantilla. Si los planes esbozados por el Gobierno se concretan, el gestor de infraestructuras -GIF- debería absorber los profesionales de Renfe dedicados al mantenimiento de la infraestructura ferroviaria (5.700) y a la gestión de la circulación (4.700). Pero el asunto es delicado. Como en otras compañías centenarias, el apego de los empleados a la compañía es grande. Hay toda una cultura ferroviaria y un gran peso de los sindicatos -el 85% de los trabajadores de Renfe están afiliados.

En este contexto, la prudencia de la compañía es máxima. Consultado acerca de las repercusiones del plan de liberalización en Renfe, el portavoz de la empresa se limitó a señalar que el posible traspaso de personal y de deuda a un organismo distinto de la empresa ferrovaria "forma parte de una hipotética negociación futura con los sindicatos, con el Ministerio de Fomento y con el Ministerio de Economía".

Apertura a otros operadores

El adelanto del debate que se abrirá en septiembre corrió a cargo del ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, el pasado 6 de agosto, cuando aseguró que el transporte ferroviario en España estará abierto a los operadores privados antes de que termine la presente legislatura, en el año 2004. Álvarez Cascos fue muy claro: "Por esas infraestructuras [de Renfe], al final de la legislatura tendrán oportunidad de operar otros proyectos empresariales". No obstante, el ministro intentó aclarar que la liberalización del ferrocarril no equivaldrá a la privatización de las líneas. Según explicó, las infraestructuras "seguirán siendo del Estado" a pesar de que distintos operadores privados "tengan también su oportunidad" para transitar por ellas. Pese a las matizaciones que trató de introducir Álvarez Cascos en el anuncio liberalizador, los sindicatos reaccionaron de forma airada. Así, CC OO expresó su temor a que los planes del Gobierno sobre el ferrocarril respondan sólo "a los intereses de los amigos del PP" y UGT solicitó al Ejecutivo más rigor y concreción en el proyecto. Ambas centrales comparten el temor a que, finalmente, sea el usuario quien sufrague el negocio que puedan generar las empresas privadas. El PSOE, se limitó a señalar que la liberalización del ferrocarril viene impuesta por la normativa comunitaria, mientras que Izquierda Unida teme que el proyecto provoque "mayores desigualdades sociales".