Competencia ferroviaria

De cumplirse la reciente promesa del ministro de Fomento, España contará con líneas privadas de tren antes de que acabe la actual legislatura, en 2004 a más tardar. El Ejecutivo de José María Aznar se alinea así con las directrices de la Unión Europea, que, al menos desde 1991, estudia fórmulas para liberalizar los sistemas ferroviarios en Europa, integrarlos y racionalizar su explotación, todavía en manos de gigantescas empresas públicas. La tendencia a liberalizar el transporte ferroviario responde también al espíritu de los tiempos, que considera que la iniciativa privada y la competencia (en este caso, entre empresas privadas entre sí y con Renfe) redundan en beneficio de los ciudadanos y contribuyen a descargar al Estado de tareas de gestión en las que no suele desempeñarse con brillantez.Aceptada esta tesis, resulta necesario reconocer que nadie, ni en España ni en Bruselas, tiene claro cómo debería realizarse este cambio. Y lo que es peor, los modelos conocidos hasta ahora, por ejemplo, la privatización británica, resultan un compendio perfecto de lo que no hay que hacer.

Del anuncio de Álvarez-Cascos se desprende que el Gobierno no se plantea privatizar la infraestructura ferroviaria (las vías, para simplificar, entre otros elementos), pero desea que por ellas circulen trenes gestionados por empresas privadas que compitan con eficacia. Y aquí surge el primer obstáculo: Renfe. La compañía ferroviaria pública cuenta con 34.200 empleados y está lastrada con una deuda histórica de 1,14 billones de pesetas, que la incapacitan para competir en igualdad de condiciones con nuevos operadores, según reconocen sus propios gestores. Así que, sin una profunda reforma en Renfe, resulta difícil tratar de avanzar en la liberalización del ferrocarril español.

Hay otro problema. Con la Renfe actual o con una Renfe adelgazada y modernizada, existe el peligro de que la iniciativa privada se dedique a explotar únicamente las líneas rentables (algo lógico, por otra parte), relegando al olvido aquellas otras que no son negocio, pero que resultan fundamentales para articular el país, para prestar un servicio público esencial y, en definitiva, para asegurar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos. Así lo han apuntado los sindicatos, que, con una fuerte presencia en Renfe (el 85% de los trabajadores está afiliado), ya han anunciado su oposición a las intenciones del Gobierno.

Liberalizar -que varias empresas puedan competir- no es lo mismo que privatizar -vender Renfe-, camino tomado por el Reino Unido. Así lo ha tratado de explicar el titular de Fomento, consciente de que el modelo de Londres ha derivado en numerosos problemas, algunos de ellos de seguridad, que han ocasionado graves accidentes, y que el resto de Europa lo ha considerado, de forma más o menos explícita, un fracaso. El proyecto liberalizador del Gobierno trata de evitar esa vía, pero los riesgos apuntados por los sindicatos son reales, y su temor, razonable. Más todavía si se añade la experiencia histórica de cómo ha aplicado hasta ahora el Ejecutivo de Aznar su política de liberalizaciones y privatizaciones.