La mitad de los nuevos proyectos energéticos están parados por cuestiones ambientales y urbanísticas
La mitad de los proyectos energéticos previstos para Euskadi en los próximos años, con un presupuesto cercano a los 260.000 millones, están frenados por cuestiones ambientales o urbanísticas. La planta IGCC para la generación de electricidad gracias a residuos de refinería, la incineradora de basuras de Zabalgarbi -ambas en el área metropolitana de Bilbao- y la central de ciclo combinado en Amorebieta se han topado con problemas, aunque sus responsables aseguran su puesta en marcha. Ecologistas y grupos vecinales pugnan por su paralización total.
El polémico Zabalgarbi
Las nuevas inversiones energéticas previstas alcanzan la media docena de proyectos, con la central de ciclo combinado de Iberdrola Santurtzi IV, que cuenta con una inversión de 25.000 millones para una potencia instalada de 400 megawatios/hora y está prevista su puesta en marcha en 2004; la Bahía Bizkaia Electricidad, promovida por BP-Amocco, Repsol, Iberdrola y el EVE y ubicada en terrenos del Puerto de Bilbao, con 45.000 millones y una potencia de 800 megawatios, que se espera funcione para 2003, y el parque eólico de Elgea, entre Guipúzcoa y Álava, que ya está en marcha, ha requerido una inversión de 4.000 millones y tiene capacidad para generar 24 megawatios.Estas tres infraestructuras tienen el camino prácticamente despejado, pese a que también han surgido movimientos de protesta, como en el caso del parque de Elgea por el impacto de los molinos de viento instalados y el proceso de tramitación urbanística de las licencias.
Los mayores inconvenientes se están centrando en los otros tres proyectos. El más importante es Piemsa, la planta de IGCC impulsada por Iberdrola y Petronor que aprovecha los residuos de refinería para la producción de electricidad. Es el plan de mayor inversión, con 170.000 millones y prevé generar 820 megawatios. Las intenciones de sus promotores es que esté en funcionamiento en 2003. Pero su puesta en marcha ha encontrado un importante obstáculo: el Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana ha rechazado la recalificación de los terrenos (de su actual calificación urbana a la industrial) donde se quiere ubicar la planta, al considerar que producirá daños "irreversibles" a las personas y el medio ambiente.
Los promotores del proyecto IGCC están convencidos de que, pese al retraso que supondrá, este obstáculo se superará y la planta se pondrá en funcionamiento.
En el caso de la planta de Amorebieta, el rechazo ha procedido de los vecinos del barrio de Boroa, donde se quiere instalar el proyecto de ciclo combinado, con una potencia de 750 megawatios y una inversión de 65.000 millones. A diferencia del de IGCC, donde las protestas son más recientes, el proyecto de Boroa ha sido contestado desde finales del pasado año al aludir a las emisiones tóxicas y los vertidos en el río Ibaizabal. La creciente oposición llevó al Ayuntamiento a oponerse, en mayo pasado, a la central pero por incumplir las normas urbanísticas debido a la excesiva altura de sus torres. Aún está pendiente la declaración de impacto que debe emitir el Ministerio de Medio Ambiente.
Los promotores, la empresa irlandesa ESB, niegan cualquier tipo de impacto y aseguran que "cumple los marcos urbanísticos y medioambientales". A su juicio, el rechazo de los partidos del Ayuntamiento de Amorebieta está motivado sólo por "razones políticas disfrazadas" y recuerdan que apoyaron el proyecto cuando se les presentó en 1998.
La tercera inversión energética es la más polémica. Es el proyecto Zabalgarbi para habilitar una planta de incineración de basuras, con lo que se generaría electricidad. La capacidad es de 90 megawatios y la inversión ronda los 25.000 millones de pesetas. La promotora, que tiene un 45% de capital público e inversores privados como el grupo Vivendi (20%), está a la espera de conseguir los permisos del Ayuntamiento de Bilbao y la declaración de impacto ambiental, que corresponde al Gobierno. Los ecologistas han denunciado graves incumplimientos en el proyecto, como la carencia de un estudio actual de la zona donde se ubicará, en el vertedero bilbaíno de Artigas. El propio consistorio ha comprobado ocho principales deficiencias pero ha delegado la autorización definitiva en el Ejecutivo vasco.La plataforma Ecologistak Martxan, que agrupa a gran parte de los grupos vascos, censura los seis proyectos y aboga por estudios de impacto ambiental globales para los tres ubicados en el área metropolitana. "No se puede hacer de forma individualizada porque están concentrados en un mismo sitio, la Margen Izquierda", apuntan.
Este asunto llegará tras el verano al Parlamento, puesto que IU-EB ha presentado una propuesta para elaborar un plan de energía "que justifique la necesidad de todas las nuevas centrales energéticas e incluya el ahorro y reducción del consumo". Aseguran que la puesta en marcha de los seis proyectos "duplica las necesidades actuales" de abastecimiento energético en el País Vasco.
La denuncia llega a las carreteras
Además de los proyectos industriales, las carreteras se están convirtiendo también en motivo de queja por parte de grupos ecologistas y ciudadanos. La Diputación de Vizcaya es la institución que más reclamaciones recibe y la mayor parte de sus últimos planes viarios han sido rechazados e incluso demandados ante los tribunales de justicia.Las tres nuevas autovías de acceso a Bilbao -los túneles de Artxanda, la Variante Baja de Deusto y la Variante Este-, que suponen una inversión superior a los 20.000 millones, han sido censurados por los vecinos afectados. La situación es especialmente grave en el caso de la Variante Este, ya abierta y que ha provocado tres demandas diferentes, una de las cuales acabó con el pago de 1.500 millones de pesetas por el Ayuntamiento de Bilbao a varios propietarios. En los otros dos casos, las denuncias siguen su curso, aunque el Tribunal Superior de Justicia ha anulado el proyecto de obra y no ha dado validez a las expropiaciones realizadas. La Diputación ha recurrido ante el Supremo ambos fallos.
En los túneles de Artxanda, la que será la primera autovía de peaje de Vizcaya con un coste de 15.000 millones de pesetas, también se ha planteado una demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior por la escasa distancia del vial respecto a varios bloques de viviendas.
Y hay más casos. La variante de Berriz, en servicio, es investigada por un juzgado debido a un posible delito ecológico en la destrucción de árboles y la de Ondarroa, pendiente de iniciarse las obras, ha sido motivo de una reclamación ante la Unión Europea por la destrucción de la única marisma existente en la zona. Bizirik, un grupo creado hace dos años para oponerse a la construcción indiscriminada de carreteras, se ha quejado repetidamente de los proyectos "que se hacen una y otra vez saltándose la legalidad".
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