El Gobierno niega derechos políticos a los "ilegales" pese al criterio del Poder Judicial

"Esta ley permitirá hacer una política de inmigración efectiva porque distingue entre inmigrantes legales e ilegales". Ésta es la clave de la reforma de la Ley de Extranjería que ayer aprobó el Consejo de Ministros desoyendo el criterio de organizaciones sociales y partidos políticos. La diferencia entre extranjeros legales e ilegales, según expresó el vicepresidente Mariano Rajoy, justifica que se haya desestimado la sugerencia del Consejo General del Poder Judicial de reconocer a todos los inmigrantes, sin distinciones, derechos políticos de ejercicio colectivo, como los de asociación y huelga. De las 17 observaciones del Poder Judicial se han incluido 12, y de las 10 del Consejo de Estado se aceptan 5. A consecuencia de ello, se modifican 13 artículos de la ley.

Los derechos de reunión, asociación, manifestación, sindicación y huelga no les serán reconocidos a los inmigrantes que se encuentren en situación de irregularidad en España. Si finalmente sale adelante la reforma de la actual Ley de Extranjería aprobada ayer en Consejo de Ministros, sólo los residentes "legales" podrán disfrutar de esos derechos. Así se desprende del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería que el Gobierno ha dejado listo, para su remisión a las Cortes, antes de iniciar las vacaciones de verano. "Se trata de derechos políticos", explicó Rajoy. "No tiene sentido reconocerle el derecho de huelga, por ejemplo, a un persona que se encuentra ilegalmente en el país, es metafísicamente imposible", argumentó. A la hora de aplicar tales derechos políticos, el informe del CGPJ no hacía distinción entre inmigrantes legales e ilegales, por considerar que los derechos de reunión, asociación, manifestación, sindicación y huelga son todos ellos derechos fundamentales -y así es como están recogidos en la Constitución-. Pero Rajoy no entiende que se pueda dar estos derechos a los "ilegales". "No lo hemos llegado a entender a pesar de hacer un esfuerzo colosal", ironizó sobre tal recomendación del Poder Judicial.

Además, indicó que algunas de las aportaciones del Consejo General del Poder Judicial se contradicen con las del Consejo de Estado, "de forma que se plantea la duda de quién tiene razón".

Sin embargo, otras sugerencias del informe que el Poder Judicial remitió al Gobierno sí han sido incluidas en el texto de reforma que llegará al Parlamento. Entre ellas destacan las que se refieren a que exista una mayor especificación sobre las limitaciones a la libre circulación de los inmigrantes y sobre las garantías procedimentales. Así, deberá hacerse explícita la posibilidad de presentar recursos, indicando en qué instituciones y en qué plazos. También se incluye el derecho a la asistencia letrada y a intérprete para aquellos extranjeros a los que se les impida el paso en la frontera.

El proyecto de ley será enviado al Parlamento para que se tramite por la vía de urgencia y, según afirmó Rajoy, se pretende que la normativa esté aprobada para finales de este año. "El Gobierno pretende acertar", dijo el vicepresidente primero del Gobierno, "con una posición de sensatez, equilibrio y responsabilidad". Para ello, explicó, es necesario "empezar por regular los procedimientos de entrada en España para garantizar que todas las personas que lleguen a España vivan con dignidad".

Este argumento fue utilizado por Rajoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para revelar las últimas cifras de extranjeros afiliados a la Seguridad Social. Según Rajoy, en cuestión de un año y medio, el número de inmigrantes asegurados ha pasado de 229.748, en diciembre de 1998, a 400.040 a finales de junio de este año.

A la celeridad que el Ejecutivo ha impuesto a la aprobación del proyecto de ley -sale adelante en los 100 primeros días del nuevo Gobierno, que goza de mayoría absoluta- se enfrentaba la propuesta del PSOE de aplazarla un mes en aras de un posterior pacto de Estado. No sólo no ha sido así, sino que Rajoy aprovechó para criticar la actitud del principal partido de la oposición. "Una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. No se pueden hacer afirmaciones contradictorias como las que hoy ha realizado el partido socialista, pidiendo por una parte que frenemos la inmigración de menores y, por otra, que aplacemos la aprobación de la reforma", ironizó.

No obstante, en nombre del Ejecutivo, el vicepresidente afirmó que está abierto a todo tipo de propuestas y negociaciones, siempre que no impliquen aceptar la ley actual, aprobada, a finales de la pasada legislatura, en contra del criterio del PP. Y aprovechó para recordar que esta reforma obedece a un compromiso electoral.

Reiteró que España debe ser un país de acogida, y subrayó que no hay ningún país del mundo que no regule la entrada de personas. "Decir a los ciudadanos del mundo que a España se puede entrar sin ningún tipo de requisitos es engañar a la gente", afirmó. En este mismo sentido, argumentó que la reforma tiene que ir en la línea del resto de los países de la UE, donde "pronto va a existir una política de inmigración común".

Las posibles expulsiones

Con respecto a todos aquellos inmigrantes que permanecerán en situación de irregularidad por no haberse podido acoger al proceso extraordinario de regularización que se cerró el pasado 31 de julio, Rajoy afirmó que el Gobierno tiene dos opciones: "Aplicar la ley o no aplicarla". La obligación del Ejecutivo, dijo, es acatar la ley. Esto significa que si, finalmente y como recoge el texto del proyecto de reforma, se convierte en motivo de expulsión el hecho de carecer de papeles, el Gobierno podrá proceder a la expulsión de quienes se encuentren en España sin la documentación en regla. No obstante, Rajoy, negó que se vaya a realizar una deportación masiva y garantizó que "España hará el mayor esfuerzo del que sea capaz para intentar que los países de donde proceden las personas que intentan entrar en el país tengan un mejor nivel de vida."