Vecinos de Bilbao presentan la tercera demanda contra la Diputación por la misma carretera

La Diputación de Vizcaya se enfrenta a la tercera demanda judicial por una misma carretera, la Variante Este, uno de los nuevos accesos a Bilbao. Quince vecinos del barrio de San Adrián, cuyas viviendas están junto al vial, han presentado una denuncia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior contra la Diputación por incumplir la declaración de impacto ambiental y no respetar la distancia con los pisos. Esta carretera ya obligó hace cuatro años al Ayuntamiento a pagar 1.500 millones a varios propietarios por ilegalidades urbanísticas.

Petición de pruebas

La Variante Este se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para las autoridades, tanto por la duración de sus obras como los inconvenientes judiciales surgidos. Su primera fase, que obligó a construir un puente sobre el Nervión y que se inauguró en el mes de abril de 1995, fue objeto de una demanda de un grupo de propietarios debido a la recalificación de terrenos. Hace cuatro años, los tribunales obligaron al Ayuntamiento a pagar 1.500 millones de pesetas de indemnización al considerar ilegal el plan urbanístico. La segunda fase, abierta el pasado 14 de julio y que permite el acceso con el alto de Santo Domingo, tiene el proyecto y las expropiaciones anuladas por el Tribunal Superior vasco y está pendiente la decisión definitiva del Supremo, tras los recursos planteados por la Diputación vizcaína.Esta tercera demanda se refiere a la primera fase y está planteada por 15 vecinos de dos bloques de viviendas del barrio de San Adrián, que desde 1993 llevan luchando por sus reivindicaciones. La denuncia, formulada a finales de junio ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del máximo tribunal vasco, se sustancia en el incumplimiento por parte de la Diputación vizcaína de las medidas correctoras ambientales dictadas por el Gobierno, como la instalación de una pantalla antirruido de tres metros de altura y doble acristalamiento en las ventanas de las viviendas, lo que no se ha llevado a cabo. "La Diputación ha incumplido el proyecto constructivo de dicho vial por cuanto, entre otros extremos, no se ha instalado la pantalla acústica, en mérito a la cual el proyecto recibió el visto bueno por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno vasco, en la declaración de impacto ambiental".

La demanda habla también de los cambios en el proyecto, que en un principio iba a ser un vial subterráneo que pasara por debajo del nivel de las viviendas. "Luego, fue una maqueta con un vial de dos carriles a gran distancia, luego una infraestructura de mayor envergadura que discurría a 40 metros, distancia que después se redujo a 20 metros, por lo que se previó una pantalla antirruido de dos o tres metros de altura; posteriormente, la pantalla aumentó su altura a cinco metros y varió su ubicación; más tarde se habló de 13 metros de distancia [del vial a las viviendas]. Y al final, nos encontramos con la infraestructura terminada, sin pantalla antirruido y con una distancia que ya nada respeta", señala la denuncia.

Los vecinos exigen una indemnización cuya cuantía delegan en los técnicos y que "un agente de la propiedad inmobiliaria calcule el valor perdido por las viviendas".

En las conclusiones de la querella, de 91 folios, acompañada por planos, gráficos y documentación complementaria, solicitan la práctica de diversas pruebas, como el "contraste de los diferentes expedientes tramitados y, particularmente el proyecto de obras, con la realidad física existente al día de la fecha" o el "incumplimiento del condicionado medioambiental impuesto por la Viceconsejería de Medio Ambiente".La defensa de los querellantes, que hace dos años anunció al Tribunal Superior la presentación del contencioso-administrativo, calcula que hasta dentro de otros tres años no habrá una sentencia judicial. Asegura que "extraoficialmente" los responsables de la Diputación "reconocen el perjuicio causado. Son conscientes del fallo cometido, porque además no han colocado la pantalla antirruido porque no se puede instalar debido a problemas de espacio", sostienen.

En la querella, arguyen que la Diputación "oficialmente niega todo" y critica también la actitud de la Viceconsejería de Medio Ambiente, departamento con el que mantuvieron una reunión recientemente "y fue bochornosa. Toda su estrategia se basaba en su no implicación. Cuando constataron el manifiesto incumplimiento de su propia declaración de impacto ambiental, todo eran excusas y disculpas", según los querellantes.