Con y sin papeles

Terminado el plazo extraordinario de regularización de extranjeros residentes de hecho en España, al que ha intentado acogerse cerca de un cuarto de millón de ciudadanos, la principal incógnita es qué va a pasar con las personas que no hayan obtenido el permiso de residencia. El secretario de Estado de Extranjería, Enrique Fernández Miranda, declaró ayer que, "lamentablemente, no podrán quedarse con nosotros". El supuesto afectará a varias decenas de miles de personas, las cuales podrían ser expulsadas hacia sus países de origen. Ello será más difícil de evitar si prospera la reforma de la Ley de Extranjería, según el anteproyecto que con toda probabilidad aprobará mañana el Consejo de Ministros, pese a la petición de aplazamiento planteada ayer por los socialistas.Hasta ahora se han tramitado unos 100.000 expedientes, de los que se han resuelto favorablemente cerca de 85.000. Ello significa que entre 30.000 y 50.000 solicitudes serán denegadas. La ley actual, aprobada en enero con un amplísimo respaldo, favorece la regularización permanente y dificulta la expulsión. Ése fue uno de los argumentos aducidos por el Gobierno para su reforma: que se difuminaba la distinción entre legales e ilegales y en la práctica era casi imposible la expulsión de los segundos. Por ello mismo, es improbable que acceda a la moratoria solicitada por los socialistas, que anunciaron ayer estar preparando un documento que permita recomponer el consenso sobre la cuestión.

La reforma figuraba en el programa electoral del PP, y aunque el Gobierno siempre ha hablado de la conveniencia de un amplio acuerdo que evite la confrontación, trabaja con la red de su mayoría absoluta, que le asegura en todo caso sacar adelante la reforma. La manera como la ha abordado indica que su opción es tratar de resolver el asunto cuanto antes. Es decir, pasar rápidamente el trago de rectificar lo aprobado hace apenas medio año en las circunstancias conocidas: el PP respaldó su articulado dando por supuesto que no habría tiempo de aprobarla antes de la disolución de las Cortes, pero fallaron las cuentas y quedó atrapado en su propia trampa.

Las prisas por rectificar el error de cálculo se manifestaron en el incumplimiento del trámite de someter el anteproyecto al preceptivo dictamen del Consejo del Poder Judicial, lo que dejó sin efecto la aprobación por el Gobierno, el 7 de julio, de un primer anteproyecto. Fernández Miranda indicó ayer que el nuevo texto incorpora las recomendaciones del CGPJ, esencialmente en lo relativo a las garantías judiciales frente a actuaciones administrativas.

Pero el Consejo también criticaba las prisas por reformar una norma sin dejar tiempo suficiente para comprobar su funcionamiento en la práctica. Los sindicatos y otras asociaciones interesadas han insistido en ese aspecto, discutiendo que existan datos reales que demuestren la existencia de un supuesto efecto llamada y también que sea una ley tan a contrapelo de la legislación europea como sostiene el Gobierno. En todo caso, algunos expertos, incluyendo personas próximas al PP, han defendido que un buen reglamento -que el Gobierno se ha abstenido de redactar- habría sido suficiente para evitar eventuales efectos indeseables de la ley.

Por su parte, la petición de demora de los socialistas, solicitada públicamente ayer, es bastante insólita. Proponer al Gobierno que espere a que la oposición cuente con un proyecto alternativo, susceptible de ser consensuado, es algo que seguramente contará con pocos precedentes. Es cierto que daría al Gobierno la oportunidad de demostrar que iba en serio cuando hablaba de no supeditar las posibilidades de consenso a la ventaja de la mayoría absoluta. Pero una audacia semejante sí que sería insólita.