El Tribunal de Derechos Humanos condena a Londres por sus leyes contra los homosexuales

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo forzó ayer al Reino Unido a modificar las leyes que regulan las relaciones íntimas entre homosexuales por considerarlas un atentado a la vida privada. El caso que forzará a Londres a deshacerse de la Ley de Delitos Sexuales, aprobada en 1885 y reformada en 1967, y que considera una "indecencia grave" sólo el sexo masculino en grupo, fue presentado por A. D. T., condenado en 1996 a prisión condicional por haber participado en su domicilio en una sesión calificada por la policía de "orgía gay".

Oscar Wilde

Conocido oficialmente como "A. D. T. contra el Reino Unido", el caso llegó a los tribunales británicos cuando un funcionario de Yorkshire fue detenido después de que los agentes contemplaran un vídeo privado donde él aparecía manteniendo sexo oral con otros dos hombres. Las relaciones íntimas entre más de dos varones mayores de edad son ilegales en el Reino Unido, incluso cuando tienen lugar en privado. Como la legislación no penaliza el sexo entre varias mujeres o entre más de una pareja de heterosexuales, A. D. T apeló al tribunal europeo por considerarse discriminado. Ahora ha ganado y deberá ser indemnizado, además, con 21.000 libras (5.775.000 pesetas).Los jueces de Estrasburgo no llegaron a analizar el trato de inferioridad dado a los homosexuales en el Reino Unido. Consideraron suficiente "la violación del derecho a la vida privada" -protegido por el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos- sufrida por el demandante para condenar a Londres. Firmada en su totalidad por el Gobierno laborista, dicha norma deberá ser asimilada a las leyes nacionales en octubre próximo. Para evitar entretanto nuevas condenas, que acabarán siendo revocadas al amparo de la nueva legislación a punto de entrar el vigor, las asociaciones en defensa de la comunidad homosexual pidieron ayer que la policía se abstenga de "perseguir a los gay en virtud de la obsoleta Ley de Delitos Sexuales aplicada en 1895 para condenar a Oscar Wilde", según Peter Thachell, portavoz del grupo Outrage.

El famoso escritor fue acusado de escándalo público por la sociedad victoriana cuando se hizo pública su relación con el poeta lord Alfred Douglas. "El amor que no podía nombrarse" le condujo a la cárcel, y más tarde, al exilio en París. Sus descendientes cambiaron su apellido por el de Holland para poder llevar una vida normal después de un juicio que convulsionó al país. En su descargo, el actual Ministerio del Interior ha recordado que está en pleno proceso de reforma de la legislación sobre delitos sexuales y ya contaba con despenalizar "las expresiones públicas de afecto entre personas del mismo sexo". En este momento, un beso entre hombres en la calle puede costarle a sus protagonistas hasta cinco años de cárcel si son denunciados o bien si la policía hace uso de sus atribuciones para acusarles de atentar contra la honestidad y las buenas costumbres. Angela Mason, responsable de Stonewall, otro grupo de apoyo a los homosexuales, admitió ayer la necesidad de que las leyes regulen "la actividad íntima en público", siempre que traten por igual a toda la población.El fallo de ayer es similar al dictado el pasado 25 de julio, también en Estrasburgo, y que obligó a Londres a indemnizar con un total de 90 millones de pesetas a cuatro homosexuales expulsados del Ejército por sus inclinaciones. El propio tribunal europeo había considerado ya en 1999 un atentado contra la vida privada del cuarteto, tres hombres y una mujer, las investigaciones e interrogatorios de que fueron objeto por parte de sus superiores. Duncan Lusting-Prean, John Becket, Graeme Grady y Jeanette Smith fueron expulsados de las Fuerzas Armadas entre 1993 y 1995 conforme a la política del Ministerio de Defensa que veta a los homosexuales entre sus tropas. El Gobierno aceptó la sentencia y ordenó modificar las leyes que impedían su presencia en la Fuerzas Armadas.

El nuevo varapalo europeo será más difícil de superar. Llega menos de una semana después de que la Cámara de los Lores rechazara retirar la prohibición de tratar la homosexualidad en las escuelas. Este veto está contenido en la cláusula 28, una disposición de la Ley de Administración Local que Tony Blair prometió abolir en cuanto llegara al poder.

El problema es que el primer ministro está ahora a las puertas de una precampaña electoral (se espera que convoque las legislativas para la primavera) y no quiere que la oposición conservadora le arrebate los votos de la clase media.

Lady Janet Young, la baronesa que bloqueó la derogación de la cláusula 28 en los Lores, dio ayer así su opinión a la sentencia europea: "Primero nos proponen clases de sexo gay y ahora vienen con el sexo gay en las calles".

Muy popular desde que enarbolara la bandera de la defensa de la familia, el Partido Laborista teme que los conservadores aprovechen el tirón de lady Young para hacer una campaña moralista que acabe presentando las iniciativas gubernamentales como dañinas para la estabilidad social del país.

El aprieto laborista

La pérdida de popularidad experimentada por el Gobierno británico en los últimos meses y la proximidad de las elecciones generales, previstas para 2001, han puesto al líder laborista, Tony Blair, en un aprieto. El temor a presentarse como una amenaza para la familia tradicional y, sobre todo, el peligro de ver a los conservadores convertidos en la voz de las clases medias, ha llevado al Ejecutivo a contenerse en una de las batallas que prometió ganar una vez en el poder. Se trata de la Cláusula 28, una disposición de la Ley de Administración Local que impide la promoción de la homosexualidad en las escuelas.

Aprobada en 1988 por la ex primera ministra conservadora Margaret Thatcher para contener a los "ayuntamientos rojos", que financiaban proyectos sociales presentados por grupos de gay y lesbianas, su fallida abolición se ha convertido en una auténtica pesadilla para Blair. El líder laborista cultiva una imagen de hombre familiar y cabal que debería complacer a las amas de casa más tradicionales. Sin embargo, su sincero repudio a una normativa que impide a las escuelas discutir la homosexualidad en los colegios estatales le ha valido más de un malentendido con unos votantes a los que no puede desairar. Los grupos de apoyo a homosexuales piden su desaparición porque, según todos ellos, la citada norma favorece el acoso de los menores en la escuela. Con la ayuda de lady Janet Young, partidaria de mantener la normativa para proteger a los adolescentes "de informaciones infames sobre los gay", la oposición conservadora prepara un ataque en toda regla contra el laborismo por primar los derechos de los homosexuales. Con la baronesa Young, apodada la nueva dama de hierro, Downing Street ha preferido dar marcha atrás en busca de su imagen menos agresiva.