Las empresas de EE UU controlan las comunicaciones de sus empleados

La vigilancia de las comunicaciones electrónicas y telefónicas de los trabajadores es una realidad para tres cuartas partes de la fuerza laboral de Estados Unidos. El Congreso ha introducido una iniciativa legislativa, compartida por republicanos y demócratas, para forzar a las empresas a informar a sus empleados de que les están vigilando su correo, sus llamadas y sus actividades en Internet.

Una de cada cuatro empresas admite haber reducido su plantilla sirviéndose de datos electrónicos. El informe de la American Management Association (Asociación de Gestores Empresariales de EE UU) eleva hasta el 73% el porcentaje de compañías que controlan el correo electrónico y los sitios de Internet en los que entra su personal. No hay distinción de sectores. El rotativo The New York Times echó a 23 personas por enviar "bromas de mal gusto" a través del correo electrónico, aduciendo que era "necesario para mantener un centro de trabajo sin conductas de acoso". La corporación Xerox ha despedido a 40 trabajadores por entrar en sitios pornográficos y hacer compras en Internet durante el horario laboral. Y la petrolera Chevron ha utilizado correos electrónicos que había archivado para defenderse de una demanda de acoso sexual.

Grupos de defensa de los derechos civiles llevan meses poniendo el grito en el cielo por los abusos a los que puede prestarse el sistema, y han iniciado una campaña de presión sobre el Congreso para que regule la actividad de control de las comunicaciones de los empleados. Por otra parte, ha habido un diluvio de querellas que navegan en un limbo legal porque la ley vigente de 1986 no contempla violaciones a la privacidad en la era de Internet.

Finalmente, el Congreso ha decidido poner freno. Pero la práctica corporativa de vigilar es tan habitual que el proyecto de ley presentado no pretende anularla, ni siquiera limitarla, sino solamente darle el derecho a los espiados a que se les notifique una vez al año cuál es la política de la empresa. Algo así como "el que avisa no es traidor". La medida bipartidista, que los críticos han calificado de concesión popular típica de un año electoral, permitirá a los afectados poder demandar a su empresa por sumas de hasta 20.000 dólares (3,6 millones de pesetas) en concepto de violación de la privacidad, y de hasta 500.000 dólares (90 millones de pesetas) por cada incidente de invasión. Las empresas justifican su política de vigilancia como un escudo frente a su responsabilidad legal por los mensajes de acoso entre la plantilla, y porque los archivos y grabaciones les sirven como prueba en casos de acusaciones de fraude financiero o uso de información privilegiada.