Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Tribuna:

Un caballo que no salta obstáculos

"Nadie nos ayudará si no nos ayudamos nosotros". Esta consigna, colgada por todo Moscú, pretende resumir la doctrina de Vladímir Putin. Ha venido al pelo para su viaje a la reunión del G-8 en Japón. Los occidentales, acostumbrados a recibir a un Borís Yeltsin que siempre les pedía créditos, sólo pueden felicitarse por la actitud orgullosa de su sucesor, y les habrá dado más tiempo para preguntarle sobre sus prioridades nacionales, un tanto liadas...En sus discursos recientes, Putin ha dado decididamente la espalda al yeltsinismo, presentando la situación del país en términos no muy alejados de los que, el año pasado en la Duma, querían destituir a Yeltsin. Incluso tomó, de modo implícito, su acusación de "genocida de la nación rusa" al reconocer que el país perdía cada año 750.000 hombres. Según las previsiones demográficas, puede perder otros 22 millones en los próximos 15 años. "La supervivencia de nuestra nación está amenazada", terminó con tono grave.

Según él, este declive se debe a la situación catastrófica de la economía. Putin desestimó la mejora de la situación por la buena coyuntura -alza del precio de los hidrocarburos- y a la devaluación del rublo. El país sólo podrá desempeñar un papel decoroso en la escena internacional cuando su capacidad productiva esté al nivel de sus competidores. Para lograrlo, Putin sólo ve un modo: reforzar el desmoronado Estado.

Pero no es para dirigir la economía. La propiedad privada es intocable, y no se plantea revisar las privatizaciones. Prometió ayuda a los propietarios honestos, bajando los impuestos y la presión de las diversas burocracias. Y se comprometió a poner orden en el entramado financiero, depurándolo de los bancos especuladores que no pueden "sobrevivir". Su lema es "la dictadura de la ley", que debe ser respetada por todos, y no tolerará ningún favoritismo.

Hasta aquí, todo el mundo, a izquierda como a derecha, estaba dispuesto a aplaudirle. Las cosas empezaron a estropearse cuando Putin pasó a los actos. Nombró por decreto a siete superprefectos y dividió Rusia en otras tantas superregiones. Luego presentó en la Duma una ley sobre la reforma del Consejo de las Federaciones (el Senado) que pone fin a la participación de los gobernadores en esa Asamblea. Para justificar el cambio, describió a Rusia como un conjunto de islas, cada una con sus oligarcas pero sin relación entre sí. Recordó, entre otros pecados, que algunas islas habían prohibido la exportación de sus productos y que otras practican el trueque privando al Estado de sus ingresos. Esto bastó para que los diputados votaran masivamente a favor de la ley Putin. Pero los gobernadores de la Cámara alta la rechazaron con la misma energía. Para evitar una guerra entre las dos cámaras, el sabio Evgueni Primakov propuso crear una comisión de conciliación. Putin lo aprobó, añadiendo que no hay ninguna prisa y que la ley podía aplicarse dentro de dos años.

"Nuestro presidente no es un caballo que salta los obstáculos. Prefiere evitarlos, jugando con el tiempo", escribió un editorialista de Niezavissima Gazeta, periódico de Borís Berezovski, quien, perseguido en Suiza por el caso Aeroflot, amenaza con dimitir de la Duma para lograr la amnistía. Los trabajos de la comisión de conciliación no han servido para nada, y, tras numerosas reuniones acerbas, se disolvió. Pero Putin estaba en Sochi, desde donde voló hacia la lejana Asia.

Otro problema bloqueado son las relaciones entre el poder y los oligarcas, y no es menos urgente que la reforma del Parlamento. Todo comenzó el 11 de mayo con un registro violento de los locales de Media Most, dueña de la cadena independiente NTV. Su propietario, Vladímir Gusinski, acusado de haber desviado 10 millones de dólares (1.770 millones de pesetas), fue detenido el 13 de junio. Putin, en visita de Estado a España, negó primero estar al corriente y luego precisó que Gusinski es, a la vez, ciudadano israelí y contribuyente en Gibraltar. Sin embargo, tras su regreso a Moscú se liberó al oligarca, que no puede abandonar el país. El asunto tuvo mucho eco en el microcosmos político, que vio en la acción de la fiscalía un ataque contra la libertad de expresión en Rusia.

Por tanto, se aguardaba con especial atención el discurso programático de Putin, y especialmente el pasaje sobre los medios de comunicación. Prudente como de costumbre, tras jurar su compromiso con la libertad de prensa, deploró su lamentable situación, en manos de los oligarcas. Éstos utilizan los medios de comunicación para ajustarse las cuentas entre sí y a veces para atacar al Estado. La cadena NTV no necesitaba más para sentirse en el punto de mira y lanzar el contraataque.

Mientras tanto, otro oligarca se sentó en el banquillo de los acusados: el 20 de junio, la fiscalía presentó una querella contra Vladímir Potanin, ex viceprimer ministro del Gobierno de Chernomirdin, que en 1995 privatizó, en una total opacidad, Norilsk Nickel, la mayor fábrica de níquel del mundo. Putin recibió de inmediato al magnate acusado, pero nada se filtró de su entrevista. El 6 de julio, la fiscalía pidió a Potanin que pagase al Estado los 140 millones de dólares de la compra de Norilsk Nickel.

Por si esto no fuera suficiente, un tercer oligarca, Vaguit Alekperov, director general de la compañía petrolera Lukoil, fue acusado de fraude fiscal grave. Al parecer, desvió fondos de ayuda a la exportación y falseó sus declaraciones de la renta. Como anécdota, recordemos que, en 1999, Yeltsin concedió a Alekperov el diploma de "mejor contribuyente de Rusia". La serie no podía acabarse allí y, poco después, la policía fiscal la emprendió con Avtovaz, la primera fábrica de automóviles del país, acusándola de "ocultar" la venta de 280.000 coches en 1998 y 1999. Vladímir Kadannikov, su director general, dijo que pagaría si le mostraban uno de esos supuestos coches vendidos "en negro".

La cadena NTV, para poner en duda la imparcialidad de la fiscalía, difundió en su programa estrella semanal Itogui una carta de Pavel Borodín, ex jefe de la economía del Kremlin, enviada al fiscal general Vladímir Ustinov, en la que le pedía que no tramitara las diligencias realizadas desde Suiza que le implicaban. A cambio ofrecía al fiscal un lujoso apartamento en el corazón de Moscú valorado en 600.000 dólares. Al día siguiente hubo un nuevo registro en la NTV y, a la vez, en Gazprom, el gigante del gas ruso, para aclarar los vínculos financieros entre ambos. Era demasiado para NTV, que, en el programa Vox populi, pidió su opinión a los telespectadores. Las respuestas no fueron alentadoras. Varios telespectadores preguntaron sobre el origen de la fortuna de Gusinski, de Berezovski y demás oligarcas. Preguntados por el presentador, unos periodistas desaconsejaron a la NTV enfrentarse a Putin. "No ganaréis si lucháis como dos carneros, cabeza contra cabeza", dijo una redactora de un periódico amigo de la cadena.

El 15 de julio, el Tribunal de Cuentas puso en duda la validez de las acciones de la compañía eléctrica rusa propiedad de unos extranjeros. Al parecer, éstos las adquirieron comprando los bonos distribuidos de forma gratuita a los rusos, que no estaban destinados a ese uso. El presidente de la compañía eléctrica, Anatoli Chubáis, clamó contra el "compló rojo", olvidando que el Tribunal de Cuentas está presidido por Serguéi Stepashin, ex primer ministro. El mismo día, el fiscal general propuso someterse al veredicto de los tribunales, que, tras escuchar a todas las partes, resolverán en última instancia. Esto sería convincente si la justicia rusa tuviera algo de independencia.

El día siguiente cayó como el rayo la pelea entre el mariscal Ígor Serguéiev, ministro de Defensa, y el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Anatoli Kvachnin. Serguéiev amenazó con dimitir si se aceptaban las propuestas de Kvachnin, "estúpidas e indignas de un oficial ruso". ¿Qué propuestas? El Estado Mayor quiere que las tropas estratégicas dejen de ser independientes y se incorporen al Ejército del Aire. Esto ahorraría mucho dinero, y mientras dure la guerra de Chechenia, cada céntimo cuenta. Pero el mariscal Serguéiev, ex comandante de las fuerzas estratégicas, no quiere ni oír hablar. Putin convocó a los dos generales en Sochi, donde se encontraba antes de partir hacia China, Corea del Norte y Japón.

Su veredicto en este litigio se desconoce. Incluso los que le alaban por su ruptura con la herencia de Yeltsin reconocen que es un hombre débil, sin la envergadura que requiere su cargo, y que carece de un equipo capaz de sustituir al de su predecesor. Putin no puede traerse consigo a sus amigos de San Petersburgo ni a sus camaradas del ex KGB, pues Moscú no soportaría tal revolución de palacio. Para el ruso de la calle, la reforma del Consejo de las Federaciones no es prioritaria, como tampoco las diligencias judiciales contra tal o cual oligarca. Espera del presidente respuestas sobre su lamentable nivel de vida, el aumento de los alquileres, del gas y de la electricidad, de los transportes urbanos... El 58% de los encuestados a finales del año pasado por el Centro de Estudios de la Opinión Pública declaró que "la situación era mejor antes de la llegada de Gorbachov". Es decir, que ya no aguantan el "capitalismo de bandidos" y que el caballo de Putin no tiene mucho tiempo para evitar los obstáculos.

K. S. Karol es experto francés en temas de Europa del Este.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 25 de julio de 2000