La Fundación Bofill pide una ley de educación que evite la formación de guetos en la escuela pública

La escuela pública catalana corre el riego de convertirse en unos años en un gueto de hijos de "familias inmigrantes de países pobres y con riesgo de marginación social", según un estudio presentado ayer por la Fundación Jaume Bofill.Por ello, el informe insta a la Generalitat a presentar una ley de educación que garantice la igualdad real de oportunidades de los niños escolarizados, y la acusa de "favorecer a la enseñanza privada" en perjuicio de la pública. Para los autores del informe, "la escuela pública y la privada concertada están sustentadas por dinero público", por lo que deben asumir iguales obligaciones ante las necesidades de la sociedad.

El informe, que no aporta datos concretos por centros, señala que la escuela pública acoge al 90% de los inmigrantes de los païses subdesarrollados. De ellos, más de la mitad son originarios del Magreb.

La distribución desigual de los inmigrantes entre los centros públicos y los concertados es una de las cuestiones que más pueden dificultar "la integración futura", según el informe. Sin embargo, para Francesc Carbonell, coordinador del estudio, la solución no es "repartir a los alumnos en distintos centros" sino que debe incluir medidas más amplias.

La distribución de los alumnos inmigrantes en distintos centros ya fue decretada por la Generalitat el pasado mes de mayo, pero la medida fue calificada de "parche" por los dos principales sindicatos de educación, CC OO y USTEC-STE, al no establecer cuotas ni una oficina de matriculación que las regulara.

Carbonell destacó la necesidad de una atención adecuada de los alumnos inmigrantes de incorporación tardía al sistema educativo, tomar medidas para asegurar el rápido aprendizaje del catalán y el castellano, y la formación de profesores y educadores para que afronten con éxito el reto de enseñar a grupos culturalmente diversos.

El estudio también niega que sea un derecho la elección por parte de los padres del centro en el que estudien sus hijos, sino un "interés legítimo" sujeto a la obligación de las administraciones a garantizar la igualdad de oportunidades.

El informe propone dar mayores poderes en materia educativa a los ayuntamientos y la creación de Zonas de Atención Educativa Preferente. Estas zonas estarían compuestas por unos seis centros educativos, públicos y concertados, en los que alguno de ellos concentrarían un alto porcentaje de niños con riesgo de marginación.

Estas medidas persiguen lograr "una atención lo más cercana posible a cada caso concreto", lo que permitiría asegurar la adecuada escolarización e integración de los inmigrantes.

El estudio presentado ayer con el título Educación e inmigración. Los retos educativos de la diversidad cultural y la exclusión social ha sido coordinado por Francesc Carbonell y realizado por 11 profesores, pedagogos y educadores especializados en el tema de la inmigración y educación.