Jubilación

FÉLIX BAYÓNSon tantos, y tan graves, los ejemplos del descontrol que sufre el PSOE andaluz que lo que sucede en Punta Umbría casi pasa desapercibido. El alcalde de ese pueblo onubense, que gobierna el PSOE en mayoría, ha desafiado a la Junta anunciando la construcción de un gran complejo turístico sobre 168 hectáreas de monte público "no urbanizable y de especial protección". El alcalde onubense ha acompañado el desafío del mismo discurso populista que ya dio a conocer Jesús Gil y, como Gil en sus mejores tiempos, ha convocado manifestaciones para hacer presión sobre la Junta. Esperemos que acaben aquí las comparaciones con Gil, aunque una amiga mía, veterana militante socialista, y muy mal pensada, va más lejos: "No me extrañaría que en mi partido haya gente que se esté preparando ya un plan de jubilación".

¿Es muy mal pensada mi amiga? Quizá no demasiado si se tiene en cuenta el historial del PSOE en estos temas, que van, por poner sólo dos ejemplos, desde aquellos misteriosos cheques de ochenta millones entregados por GIL en 1986 y de los que nadie ha dado aún explicaciones, hasta el no menos misterioso y más reciente "caso Sanlúcar".

La falta de pautas políticas en lo de Punta Umbría resulta inquietante aunque no sorprendente: igual ha sucedido en Marbella con el PGOU. Las consejeras de Medio Ambiente y Obras Públicas se han limitado a echar balones fuera, sin mojarse, alegando desconocer el proyecto, buscando refugio en los dictámenes técnicos y sin atreverse a dar una opinión política, que debería de ser lo suyo: aunque ellas no lo crean, sus cargos son políticos, no técnicos. Hasta el sábado pasado no llegó, por fin, una respuesta política, la del consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, que sí decía conocer el proyecto y anteponía a otras consideraciones las políticas: "No vamos a permitir ningún ataque al medio ambiente que vaya en contra del desarrollo sostenible".

Gracias a los planteamientos exclusivamente técnicos y a que nadie hizo a tiempo un pronunciamiento político que le parara los pies, Gil sigue tomándose a chufla la legalidad, la Junta sigue sin dar cuenta al fiscal de las patentes ilegalidades urbanísticas cometidas en Marbella y cada vez hay más confusión, que por supuesto beneficia a Gil, que es el que mejor puede sacar provecho al caos.

La Junta sigue alegando misteriosas razones técnicas que podrían llevarle a aprobar parcialmente el Plan, sin tener en cuenta que el Plan de Gil es meramente virtual y donde, por ejemplo, los planos señalan zonas verdes ahora hay viviendo miles de familias. Pero hay más razones para inquietarse: el grupo municipal socialista de Marbella, que en los últimos tiempos viene manteniendo un trato versallesco con el GIL en los plenos municipales (a pesar de que el GIL no ha mudado para nada su política y sólo algo sus formas), ha cambiado radicalmente de actitud y pide ahora la aprobación parcial del Plan. Dentro del PSOE comienzan a escucharse voces que hablan de que son tan grandes las barbaridades urbanísticas de Gil que difícilmente se podrá restablecer la legalidad. Es eso lo que, sin duda, pretende Gil. Como en su día lo pretendieron Ruiz Mateos, Mario Conde o De la Rosa, en el convencimiento que sólo los pringaos van a la cárcel. Escuchar estos argumentos desde la izquierda desasosiega bastante.