Otra frustración metropolitana

No se requiere ser un experto en asuntos urbanísticos y organización del territorio para estar sensibilizado con el fenómeno metropolitano o, dicho sumariamente, con la fórmula idónea para resolver los problemas comunes a una serie de municipios integrados en un espacio compartido. No es razonable que núcleos urbanos próximos o prácticamente fundidos hagan la guerra por su cuenta en asuntos que han de ser necesariamente compartidos, como los usos del suelo, el abastecimiento y depuración de aguas, el tratamiento de los residuos, los transportes y etcétera. Insistir en ejercer soberanamente en cada una de estas parcelas y consistorios aboca al caos que, por ejemplo, ya se percibe y se padece en el entorno de la capital valenciana.Como es sabido, para afrontar estos problemas se constituyó la Corporación Administrativa Gran Valencia, que pervivió -ignoramos con qué grado de eficiencia- hasta finales de los años setenta. En todo caso, su mera existencia era expresiva de esa sensibilidad. Su vacío fue ocupado por el Consell Metropolità de l'Horta, surgido en diciembre del 86 y que resistió hasta el umbral del año 2000. En realidad, nunca respondió a los cometidos que debió abordar, frustrando las expectativas que suscitó. Resulta secundario que muriese por inanición o porque el partido gobernante, el PP, no lo controlase a su entera voluntad. Con esa u otra configuración seguía siendo un ente necesario para el gobierno de los 44 municipios metropolitanos y el casi millón y medio de vecinos que lo habitan.

El anteproyecto de Ley de Creación y de Gestión de Áreas Metropolitanas, recientemente propuesto por el Gobierno autonómico, pretende colmar ese vacío. Pero apenas conocido el tal proyecto podemos anticipar con muy parco riesgo que estamos ante una nueva frustración. Los entendidos lo reputan de "bodrio" y una ciudad como Elche ha movilizado todas sus instancias políticas y cívicas para impedir su desarrollo tal como está concebido. Incluso en el seno del PP local ha estallado el conflicto ante el dilema de servir los intereses locales o las consignas partidarias. La ciudad de las palmeras alega, en suma, que no quiere abdicar sus competencias a favor de la capital de la provincia.

No vamos a cuestionar la componente localista que alienta en esta actitud codiciosa de las propias competencias. Sin duda que la hay, como la ha habido en el mismo cap i casal, siempre suspicaz a la consolidación de un contrapoder, como pudo serlo el del CMH. Es un reflejo todo lo primitivo que se quiera, pero real, que conmina a plantear el problema -decimos de la gestión metropolitana- a partir del acuerdo negociado y la persuasión de que muchos de los problemas presentes y futuros pasan por la constitución y eficiencia de un órgano supramunicipal. Y eso no puede ser la consecuencia de un ucase, que, en este caso, sólo ha servido para acrecentar la susceptibilidad de los ilicitanos, prestos a defender numantinamente sus derechos.

Sin ánimo de investirnos la túnica de arbitrista, parece lógico que una ley de esta magnitud hubiera tenido que concebirse con un soporte más sólido. No sólo en punto a su deprimente contenido -del que Josep Sorribes ya daba cuenta el martes pasado en estas páginas-, sino al concierto de criterios previo, al debate entre los interesados acerca de los fines, medios y organización del ente supramunicipal. Da la impresión de que no ha servido para nada la experiencia acumulada, ni los fracasos sucesivos. Lo cual nos confirma la impresión de que, en realidad, el Gobierno popular no ha querido en modo alguno desarrollar la fórmula metropolitana, sino un paripé de la misma que ni siquiera convence a sus parciales.

Ellos, los populares, sabrán a quién engañan o qué pretenden. Pero culpa suya es haber desvestido un santo -el CMH-, no haber vestido otro y dejar que los problemas más agudos de este territorio se extiendan y acentúen. ¿Para eso querían la mayoría suficiente?