La ley de inmigración

El Gobierno ha dado luz verde a un proyecto de reforma de la Ley de Extranjería expurgado de algunos de los rasgos más chirriantes del borrador conocido hace tres semanas. Era impensable que el consenso ofrecido por el Ejecutivo -tan importante como la elaboración de una buena ley- pudiera traducirse en un texto dudosamente constitucional y poco garantista en el tratamiento reservado a los inmigrantes.No habrá dificultades para consensuar un endurecimiento de las sanciones -también se anunció ayer una reforma del Código Penal en este sentido- contra las mafias que trafican con los inmigrantes; las últimas actuaciones policiales han sacado a la luz la desfachatez con la que actúan estos negreros, que no retroceden ante el secuestro de quienes no cumplen sus condiciones. En cambio, no está asegurado que esta rectificacion parcial del proyecto -calificada de maquillaje por las asociaciones de inmigrantes- baste para conseguir la aquiescencia a su reforma por parte de las fuerzas políticas.

El Gobierno ha moderado su anterior discurso, drásticamente excluyente de derechos para el inmigrante irregular, al que se le negaba el pan y la sal, y al que se sometía a un régimen de exclusión impropio de un Estado de derecho. Ahora no se le deja totalmente al margen de la tutela judicial si la Administración decide expulsarlo y se le reconoce el derecho a la sanidad si cae enfermo, y el de educación a sus hijos.

El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, impulsor de la reforma, se lamentó ayer de los juicios de inconstitucionalidad realizados sobre el borrador del Gobierno, al tiempo que se quejó de la supuesta benevolencia con que fue recibida la ley de 1985, vigente en los últimos 15 años. Pero no hubo tal benevolencia: aquella ley, recurrida por el entonces Defensor del Pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, fue declarada inconstitucional en algunos aspectos esenciales. No reconocía plenamente a los extranjeros los derechos de reunión, manifestación y asociación y el Constitucional recordó al Gobierno socialista de entonces que no cabe hacer distinción alguna entre extranjeros y españoles en el ejercicio de tales derechos.También limitaba aquella ley el control judicial sobre las decisiones del Ejecutivo respecto de los extranjeros y el Constitucional señaló que ese control judicial debe ser pleno. A la luz de esta jurisprudencia no parece que el texto del Gobierno, incluso en su última versión, quede plenamente a salvo de sospechas de inconstitucionalidad.

Habrá tiempo de ajustar el contenido del proyecto del Gobierno a las exigencias de la Constitución y a las directrices de la UE, durante el trámite parlamentario. Las modificaciones, aunque leves, introducidas por el Ejecutivo muestran que no está cerrado a las críticas fundadas. También que sus ideas no son tan firmes como aparenta. Si algo demuestra el errático proceso de elaboración de la actual Ley de Extranjería es que la inmigración es un asunto demasiado complejo para que ninguna fuerza política pretenda gestionarlo por sí sola. Es imprescindible abrir un proceso de pedagogía democrática sobre lo que significa la inmigración en sociedades abocadas a abrirse a personas procedentes de otros lugares, por razones económicas y de supervivencia. Si la ley no cumple ese objetivo, se convertirá ella misma en parte del problema que pretende encauzar.