Un fiscal pide que se investigue a Chirac por el caso de los empleos ficticios de París

La supuesta implicación de Jacques Chirac en los empleos ficticios de la alcaldía de París ha aflorado escandalosamente en la política francesa sólo un día después de que el presidente de la República convocara el referéndum para la reducción a cinco años del mandato presidencial. Cuando el enojoso asunto parecía definitivamente zanjado a favor de Jacques Chirac, una vez establecido que el jefe de Estado está blindado frente a las investigaciones judiciales, el fiscal de Nanterre, Yves Bot, reclama un nuevo pronunciamiento de las altas instancias judiciales.

La iniciativa del acusador público tiene el efecto de envolver nuevamente a la figura presidencial en el manto de la sospecha y de recordar los indicios que permiten presumir su implicación en la financiación ilegal de Unión para la República (RPR), el partido gaullista. Todo hace pensar que el caso Chirac constituirá un ingrediente añadido de la campaña que las fuerzas opuestas al quinquenato (los conservadores soberanistas de Charles Pasqua y la extrema derecha, preferentemente) desarrollarán durante los próximos dos meses. El fiscal de Nanterre considera altamente contradictorio que se le encargue investigar la supuesta implicación de Jacques Chirac en los antiguos casos de financiación ilegal del RPR y que, al mismo tiempo, se niegue la posibilidad de interrogar al actual presidente de la República. Es más, el fiscal en cuestión, Yves Bot, juzga "contraria a la Constitución, a la ley y a las instituciones" el dictamen establecido en ese sentido por el Tribunal de Casación el 11 de enero de este año. El jueves, Yves Bot pidió formalmente al fiscal general del Tribunal de Casación, Jean-François Burgelin, que recabe de esa instancia una decisión definitiva que clarifique el lío judicial existente y marque el destino de las diligencias instruidas contra la persona, que no la personalidad, de Jacques Chirac.

Las posibilidades de que el fiscal general le dé una respuesta plenamente satisfactoria parecen escasas, pues Jean-François Burgelin es un hombre conservador, antiguo director de gabinete de los ministros de Justicia del RPR, que fue nombrado para ese cargo en 1996 por el mismo presidente Chirac. La eventual negativa del fiscal general a dar curso a la demanda de su homólogo de Nanterre dejaría abierta la puerta a una intervención de la ministra de Justicia, la socialista Elisabeth Guigou, pero eso son palabras mayores en estos difíciles momentos de la cohabitación y con una Francia presidiendo la UE. Ni en el Elíseo (sede de la presidencia), ni en Matignon (sede del primer ministro) se ha olvidado el serio conflicto suscitado por las declaraciones en las que la titular de Justicia dijo que "como cualquier ciudadano, el presidente de la República es también justiciable".

En abril del pasado año, el juez de Nanterre escribió en un auto judicial que existían "indicios graves y coincidentes" de una serie de hechos "susceptibles de ser imputados a Jacques Chirac, a título personal".

La implicación del presidente de la República se deriva de la carta escrita de su puño y letra y fechada el 16 de diciembre de 1996 que la Policía Judicial encontró en los archivos de la alcaldía de París el pasado año. En ese escrito, el entonces alcalde de París, Jacques Chirac, indicaba al secretario general del Ayuntamiento que debía ascender de categoría a una teórica empleada municipal que en realidad llevaba nueve años trabajando para el RPR. La investigación judicial ha confirmado que los salarios de decenas de personas que trabajaban para el RPR fueron pagados por las instituciones públicas o empresas privadas.