Los vecinos de Ciutat Vella niegan que haya disminuido la delincuencia

"Las estadísticas dirán lo que quieran, pero no son verdad. Hay más delincuencia, lo que pasa es que no se denuncia". Ésta fue una de las afirmaciones más repetidas por los representantes de los vecinos y los comerciantes que ayer participaron en el consejo de seguridad de Ciutat Vella. Sólo coincidieron con la policía en un extremo: hay un grupo de 250 inmigrantes indocumentados que cometen múltiples delitos de forma continuada.

Reincidencia

No hubo crispación, pero sí un rechazo más que declarado a todas las intervenciones que intentaban quitar hierro al problema de la seguridad en Ciutat Vella. A veces, comentarios reprobatorios. Como el que se pudo escuchar cuando se expusieron las estadísticas policiales sobre la delincuencia registrada el año pasado y la denunciada en el primer semestre del año 2000. Según esas cifras, los delitos y las faltas han bajado un 13,2%. En el primer semestre de 2000, los delitos que bajaron fueron los cometidos directamente contra las personas (un 12% respecto a 1999), los robos con fuerza (18%) y los que atentan contra la propiedad (2,5%). En cambio, se incrementaron los robos (subieron un 11%), los tirones (10%), la sustracción de coches (15,6%) y los robos en el interior de vehículos (21,9%). Un jefe policial destacó que la mayoría de esos delitos se produjeron en enero y en junio.El primer teniente de alcalde y presidente del distrito, Xavier Casas; la concejal de Ciutat Vella, Kati Carreras-Moysi, y los responsables del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Urbana tuvieron que soportar el chaparrón de reproches de los vecinos cuando tomaron la palabra en el transcurso del consejo de seguridad. Los residentes del distrito iniciaron hace unos meses acciones de protesta por el clima de inseguridad existente en él.

Nadie quiere reconocerse partidario de la formación de patrullas ciudadanas; sin embargo, ese sentimiento se exterioriza en conversaciones privadas. Uno de los dirigentes del movimiento de protesta afirmó ayer: "Si yo digo guerra, la habrá". Tampoco quiso hablar nadie de racismo, pese a que todos acusaban a los inmigrantes en situación de ilegalidad de ser los culpables del incremento de la inseguridad.

Éstas son algunas de las frases que se oyeron: "No es verdad que la delincuencia baje, lo que ocurre es que no se denuncia porque se tiene la sensación de que no sirve de nada", "no es cierto que sea el distrito con mayo número de agentes de policía, ¿dónde están por las noches?", "es verdad que la Guardia Urbana está de vacaciones porque no se la ve. La falta de seguridad se arregla con dinero y las administraciones lo tienen". El problema de la falta de seguridad fue el que motivó la mayoría de las intervenciones, si bien algunas se centraron en la supuesta "manga ancha" de los responsables del distrito a la hora de autorizar algunos negocios que en su mayoría regentan inmigrantes, como pequeñas tiendas y los locutorios.

En lo que sí coincidieron autoridades y vecinos fue en la percepción de que gran parte de la delicuencia se debe a las mismas personas. "Se trata de un colectivo de unos 250 inmigrantes que son delincuentes habituales", explicó un mando de la Guardia Urbana. No dijo más, salvo que son detenidos pero quedan en libertad al cabo de unas horas porque habitualmente cometen delitos o faltas no graves.Fueron los vecinos los que añadieron más datos. "Pero si los vemos cada día haciendo lo mismo... ¿Qué hacen los jueces?", se preguntaba uno de los dirigentes vecinales. "Yo he contado 11 tirones en el mismo portal desdel el viernes hasta el miércoles", explicaba el propietario de un restaurante de la calle de Escudellers.

Entre los reincidentes en delitos no graves en Ciutat Vella hay un considerable número de casos de menores, lo que dificulta todavía más la solución al problema, ya que, tras una breve estancia en los centros de menores de la Generalitat, vuelven a la calle.

Finalmente, el consejo de seguridad acordó por unanimidad solicitar a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que acumule los expedientes judiciales abiertos por delitos menores contra una misma persona para que sea juzgada por todos ellos y cumpla la pena que le corresponda o sea expulsada del país. Esta medida se tomó en su día para acabar con la impunidad de las bandas de peruanos que asaltan en las áreas de descanso de las autopistas. Asimismo se acordó pedir a todos los grupos políticos que propongan los cambios legislativos necesarios para acabar con la "impunidad" que genera la reincidencia continuada.

El comisionado de la alcaldía, Guerau Ruiz Pena, expuso un informe sobre la seguridad de Ciutat Vella y acabó realizando propuestas concretas: es preciso aumentar el número de centros para la atención a menores delincuentes, el alcalde ha de tener más poder gubernativo para intervenir directamente, es necesaria una mayor dotación policial y se debe propiciar la integración de los inmigrantes en el mundo laboral y facilitar su relación con la Administración.