El ACNUR pide que la ley garantice la no devolución de los refugiados

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha remitido al Ministerio del Interior sus sugerencias respecto a la reforma de la Ley de Extranjería relativas a los temas de su competencia. El ACNUR considera "de especial relevancia" y "enorme importancia" que se incluya una disposición que garantice el principio de no devolución de los refugiados, "piedra angular" de su protección internacional establecida en la Convención de Ginebra de la que España es parte. Asimismo solicita otra disposición que asegure la no devolución de un extranjero a un país donde corra peligro su vida o integridad o pueda ser torturado. Pide igualmente que ningún solicitante de asilo sea rechazado en la frontera o expulsado en tanto no se haya resuelto su solicitud, y añade que el derecho a ser asistido por abogado e intérprete de forma gratuita no debe estar sujeto "a ningún tipo de limitación".

El Alto Comisionado cuestiona las sanciones a los transportistas, ya que "no se les puede responsabilizar de conocer por anticipado quiénes entre sus clientes serán admitidos al procedimiento de asilo". El ACNUR sólo acoge de forma favorable la inclusión de un artículo referido a los apátridas, si bien considera que la ley debería prever que se les exonere de determinadas "obligaciones administrativas" teniendo en cuenta su especial situación de vulnerabilidad.

Por su parte, los secretarios generales de UGT y CC OO, Cándido Méndez y José María Fidalgo, respectivamente, rechazaron ayer ayer en El Escorial la reforma que propone el Gobierno y se decantaron por el desarrollo reglamentario del texto vigente, que contó en el momento de su aprobación con el apoyo de todos los partidos parlamentarios salvo el PP.

El líder de UGT aplaudió el "acto de contrición" del Gobierno en algunos de los puntos más polémicos de su anunciada reforma, como el derecho a la tutela judicial efectiva para los inmigrantes, la reagrupación familiar de los trabajadores o el derecho de reunión y sindicación. Pero, en cualquier caso, reiteró su reprobación a cualquier cambio en el texto vigente, al que calificó como "un buen marco consensual para facilitar el control de los problemas económicos y sociales de la integración de los inmigrantes". Fidalgo también se mostró más partidario de pactar el reglamento que desarrolle la actual ley que de modificarla, informa Juan J. Gómez.

También la Plataforma de ONG de Acción Social, integrada por 17 organizaciones, rechaza la reforma. La Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), miembro de esta plataforma, considera la reforma un "error político" que sólo responde al "deseo de continuar con una visión policial" de la inmigración. Además, ATIME se queja de que no se les haya comunicado los cambios que piensa introducir mañana el Consejo de Ministros.