El Ejecutivo retocará los puntos más cuestionados de su reforma de la Ley de Extranjería

El Gobierno retocará los puntos del borrador de su reforma de la Ley de Extranjería cuya constitucionalidad fue cuestionada por la oposición y las ONG. Según anunció ayer el delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández Miranda, el texto que el Ejecutivo aprobará el viernes y remitirá a las Cortes revisará "en el único sentido posible" el derecho de sindicación, de huelga, de asociación y de reunión, que el borrador no reconocía a los irregulares. Fue aún menos explícito respecto a las limitaciones que introducía el borrador en relación al derecho a la tutela judicial efectiva.

Aunque es el ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, el que tiene la última palabra en las posibles modificaciones que puedan hacerse del borrador de reforma de la Ley de Extranjería, serán los puntos que afectan a derechos fundamentales los más susceptibles de sufrir cambios. Así lo afirmó ayer Enrique Fernández Miranda, después de que el ministro de Interior anunciase que el anteproyecto de la nueva normativa, que aprobará el próximo viernes el Consejo de Ministros, incluirá "con seguridad" algunas modificaciones respecto al documento inicial. En unas jornadas sobre inmigración celebradas ayer en Madrid bajo el lema Por la igualdad, el delegado del Gobierno para la Inmigración se refirió también a posibles cambios relacionados con la situación laboral de los extranjeros y con el derecho a la reagrupación familiar de los inmigrantes que a juicio de Fernández Miranda facilita una "integración impecable".

Los derechos que previsiblemente van a ser modificados afectan sobre todo a los extranjeros sin papeles, ya que en el texto del borrador tales derechos sólo estaban reconocidos para los inmigrantes en situación regular. El borrador del Gobierno suprimía, por ejemplo, el derecho a asistencia letrada y a la tutela judicial a los extranjeros a quienes se impida en la frontera la entrada en España.

Esos retoques, que Mayor Oreja especificará el jueves próximo, tendrán en cuenta los informes remitidos hasta ayer, cuando terminaba el plazo para presentarlos, por las organizaciones sociales, las fuerzas políticas y el Foro de la Inmigración, integrado por los sindicatos mayoritarios, ONG, y la administración. En la mañana de ayer la delegación del Gobierno para la Inmigración sólo había recibido informes de Medicos Mundi, Amnistía Internacional, Comisión española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Cáritas, además de haber mantenido contactos con las diferentes fuerzas políticas, en las semanas previas a la publicación del borrador.

Respecto a las acusaciones sobre la inconstitucionalidad, que proliferaron la semana pasada después de que agentes sociales y juristas realizaran estudios detallados sobre los artículos del anteproyecto de ley, tanto el secretario general del PP, Javier Arenas, como Mayor Oreja, respondieron con un reproche al partido socialista: "Cuando se habla de inconstitucionalidad yo me pregunto por qué no se dijo nada de la inconstitucionalidad de la ley de [Extranjería de] 1985 que mantuvo el PSOE durante su Gobierno", dijo Arenas.

Una promesa electoral

El borrador de reforma de la Ley de Extranjería es "un marco estatutario y una promesa electoral". Así lo entienden los dirigentes del PP y así lo explicaron en el encuentro que mantuvieron ayer en Madrid con 120 personas, entre alcaldes, presidentes provinciales y regionales del PP, portavoces parlamentarios y miembros de las comisiones de Interior y Política Social del Congreso y del Senado. Se trataba de unificar criterios en materia de inmigración, según explicó la portavoz de inmigración del PP y ex directora de Migraciones, Ángeles Muñoz.El orden y el control del fenómeno migratorio es el primer objetivo del Gobierno en lo que a esta materia se refiere. Arenas inisistió en que la mejor forma de luchar contra las mafias "es una mejor ordenación de la inmigración y un aporte de racionalidad" e insistió en la necesidad que tiene España de mano de obra extranjera. El secretario general del PP, anunció que el próximo otoño su partido organizará un foro más amplio sobre la inmigración "en el que pariciparán representantes de organizaciones sociales, sindicales, expertos independientes y miembros de la Administración".