Aseguradoras y automovilistas se enfrentan por el fallo del baremo

Inconstitucionalidad

Las compañías aseguradoras y los automovilistas expresaron ayer reacciones enfrentadas sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la aplicación del baremo legal para la fijación por los jueces y tribunales de los daños y perjuicios causados en los accidentes de tráfico en los que exista un culpable (véase EL PAÍS del 1 de julio). Mientras que Unespa, la patronal de las aseguradoras, resalta que sólo se ha declarado inconstitucional el baremo para los accidentes en que hay un culpable, la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA) se felicita de que el fallo "pone fin a una situación injusta".La sentencia del Tribunal Constitucional, dictada el 29 de junio último y cuyos varios votos discrepantes aún no se han difundido, desestimó la mayoría de las impugnaciones judiciales al baremo introducido en 1995 por la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados en la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro de Circulación de Vehículos a Motor.

Con base en la parte desestimada de las cuestiones de inconstitucionalidad presentadas, Unespa destaca que el baremo es declarado constitucional, así como que no conculca el derecho a la vida e integridad física y moral ni restringe las facultades jurisdiccionales de jueces y tribunales, de donde deduce que la sentencia da la razón, entre otros, "a las compañías de seguros".

En todo caso, Unespa reconoce que la sentencia declara la inconstitucionalidad del baremo relativo a indemnizaciones por incapacidad temporal, pero señala que "se refiere únicamente a los casos de responsabilidad exclusiva del conductor con existencia de imprudencia clara (...), quedando plenamente reconocida la constitucionalidad de todos los demás apartados del sistema".En cambio, AEA, organización de defensa del automovilista, asegura que el Constitucional "anula el sistema de valoración para indemnizar a las víctimas de accidentes de tráfico", por lo que considera que, "a partir de ahora se pondrá fin a la situación de injusticia creada por la Ley de Seguros de 1995". Reprocha a dicha ley que "impuso como obligatoria para los jueces la fijación de las indemnizaciones de acuerdo con las cuantías fijadas en los baremos y sin posibilidad de salirse de éstos".

Mario Arnaldo, director general de AEA, criticó que el baremo estableció en 1995 "unas indemnizaciones mezquinas, incluso inferiores a las contempladas ocho años antes y que no cumplían con la función de reparar justamente los daños y perjuicios causados a las víctimas de accidentes de tráfico".

AEA lamenta que de la sentencia no se van a poder beneficiar las aproximadamente 600.000 personas víctimas de accidentes de tráfico cuyas indemnizaciones se evaluaron según el baremo, ya que su anulación no tiene efectos retroactivos.