La fiscal eleva a dos los delitos por los que acusa en el caso del IMD de Bilbao

La fiscal del caso del Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Bilbao, en el que se juzga a cuatro personas por varios delitos de índole laboral, modificó ayer sus calificaciones en la última jornada de la vista. Considera que existen dos delitos (irregularidades en la contratación y cesión ilegal de mano de obra) en vez de uno, como sostenía hasta ahora, aunque mantiene la petición de cuatro meses de arresto y una multa de un millón para cada acusado. La defensa consideró que este pleito ya está resuelto en los juzgados de lo Social.

Todas las partes presentaron ayer sus conclusiones en este enrevesado sumario, que ayer quedó visto para sentencia. El litigio se remonta a 1987, cuando el Ayuntamiento de Bilbao decidió adjudicar sus servicios deportivos -hasta entonces en manos del IMD- a una empresa externa, Guedan, fundada por dos empleados del instituto. Este cambio supuso el trasvase de trabajadores del IMD a Guedan, quienes poco después denunciaron que cobraban la mitad de sueldo, no tenían contrato ni cotizaban a la Seguridad Social e incluso cobraron el paro con un despido fingido.En 1991, 15 monitores fueron despedidos y, tras ganar el pleito en los juzgados de lo Social, recurrieron a la vía penal, lo que acabó con el procesamiento por un delito contra los derechos de los trabajadores del administrador de Guedan, Juan Luis López de Guereñu; su socio hasta 1994 José María De Ángel, que ha estado encarcelado por dirigir un red de tráfico de cocaína, el ex director del IMD José Ramón Baliño y el jefe de personal, Francisco Manteca.

La fiscal señaló que los testimonios y documentos han "acreditado que Guedan ha infringido los derechos de los trabajadores". "Realizaron un empleo fraudulento de las contrataciones eventuales", añadió y extendió la responsabilidad a Baliño y Manteca. "Conocían la situación, consintieron y colaboraron a ella. Esto se encuadra en la comisión por omisión".

El ministerio fiscal considera probado que Guedan "carecía de estructura propia" y se refirió a la localización del domicilio en casa de uno de los administradores y el capital inicial suscrito de 300.000 pesetas. "Sus empleados desarrollaban su actividad profesional bajo la total dirección y organización del IMD. La relación de Guedan con sus trabajadores se limita a la firma del contrato y el abono del salario". Por ello, al delito de las irregularidades laborales unió el de la cesión ilegal de mano de obra, que no lo contemplaba en el escrito inicial de acusación.

La defensa de los acusados adujo que no hubo intención en "unas irregularidades que nadie ha negado" y que los despidos fingidos "es una práctica habitual". Uno de los abogados admitió que el IMD propuso a los responsables de Guedan la constitución de una empresa para gestionar el deporte municipal. "Eso no es un delito". A su juicio, el asunto está resuelto en la vía social y dijo que los 15 querellantes "han salido mejor de lo que hubieran esperado. De no existir Guedan, nunca habrían sido contratados por el IMD".