La mayoría absoluta del PP en Málaga anula una sanción urbanística de demolición aprobada en pleno

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, vio ayer cumplido su deseo de que no se derribe la última planta de viviendas del edificio de lujo Mirador del Cerrado, construido con 2,5 metros más de altura sobre lo permitido en la licencia de obras. El PP impuso su mayoría absoluta en el pleno de ayer para revocar la orden de demolición, que fue aprobada por la corporación en enero de 1999, cuando tenía mayoría simple. La oposición, que había pedido aparcar el tema para pedir asesoramiento el Consejo Consultivo de Andalucía, acusó al alcalde de favorecer los intereses de la constructora. IU anunció que remitirá la revocación a la Subdelegación del Gobierno y a la Consejería de Gobernación para que se pronuncien sobre su legalidad. El portavoz de IU, Rafael Rodríguez, recordó que estos dos organismos tienen la facultad de velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico en los actos de las corporaciones locales. La federación sostiene que en la revocación del acuerdo adoptado por el pleno en enero de 1999 hay "evidente incumplimiento de la legalidad" y apeló a las dudas mostradas en el dictamen del secretario general del Ayuntamiento. El equipo de Gobierno ha amparado su decisión en un informe jurídico realizado al catedrático de Derecho Administrativo Parejo Alfonso, cuya objetividad ha cuestionado la oposición que entiende que se trata de un dictamen a encargo de parte. El propio alcalde, Francisco de la Torre, inició los trámites de revocación del acuerdo de demolición cuando aún era concejal de Urbanismo. De la Torre explicó ayer que al impedir la demolición de una planta de viviendas "se están protegiendo los intereses de los compradores que son ajenos a la infracción que nos habían pedido que buscáramos una solución".

Las dos formaciones de la oposición, PSOE e IU, coincidieron en cuestionar el carácter democrático de la actuación del PP y afirmaron que el equipo de Gobierno no cumplió deliberadamente el acuerdo de demolición para "esperar tiempos mejores". El portavoz socialista, Francisco Oliva, recordó que en mayo de 1999 el pleno aprobó por unanimidad una moción en la que se concedía dos meses de plazo a la promotora del edificio, Sociedad Colombina, y a la constructora, Noriega, para ejecutar el derribo y que de lo contrario sería el Ayuntamiento quien en el plazo de un mes lo haría de forma subsidiaria. "No ha habido ninguna voluntad de hacerlo", concluyó Oliva.

El alcalde, que en todo momento evitó un debate profundo y eludió muchas de las cargas críticas de la oposición, argumentó las dificultades que el Ayuntamiento tendría para actuar sobre una propiedad privada.