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LA CRISIS DEL PAÍS VASCO

PNV y EA rompen en Basauri su segundo pacto municipal con EH por no condenar la violencia

Los nacionalistas rompieron ayer su segundo pacto municipal con EH. Ocurrió en Basauri, el octavo Ayuntamiento más importante del País Vasco, con casi 49.000 habitantes, y el motivo concreto fue la falta de "un desmarque real" de la violencia por parte de EH, según adujo el alcalde, Rafael Ibargüen (PNV). Éste no quiso escenificar la ruptura en el pleno municipal, pese a que se desencadenó por una moción debatida en la sesión, y esperó a que concluyera el pleno para anunciarlo a la prensa. Tras los pactos invalidados en Durango y Basauri, aún persisten los acuerdos con EH en 13 municipios.

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Tres semanas después de que la dirección del PNV decidiera la ruptura de sus pactos con EH, el acuerdo se cumple con lentitud y de momento sólo en Vizcaya (quedan aún otros en 13 municipios vascos). Como estaba previsto, a Durango -el primero municipio que decidió esa ruptura por el asesinato del concejal del PP en esa localidad Jesús María Pedrosa- le ha seguido Basauri, donde el equipo de gobierno se queda ahora en minoría con la coalición PNV-EA e Izquierda Unida (8 ediles de un total de 21).La invalidación del acuerdo con la plataforma abertzale se desarrolló casi con normalidad debido a la armonía existente hasta ahora entre los cinco grupos municipales de Basauri. Así, los 15 puntos del orden del día del pleno se abordaron en apenas media hora. Pero la ruptura se desencadenó en el pleno, a través de una moción presentada por IU que, en sus tres puntos, pedía la condena de "todo tipo de acciones y manifestaciones vulneradoras de los derechos individuales y colectivos", instaba a ETA a "que abandone de forma definitiva su actividad armada" y, finalmente, pedía al Gobierno central el respeto "de los derechos de la ciudadanía vasca cumpliendo la legalidad penitenciaria".

EH se abstuvo en los tres puntos, que por petición del alcalde se votaron de manera diferenciada, lo que fue argumentado luego por Rafael Ibargüen como motivo de la ruptura del pacto de gobierno. La moción no salió adelante por el rechazo del PP y el PSE-EE, que votaron en contra en los tres apartados, lo que fue criticado por las otras formaciones. Ambos partidos consideraron poco clara la terminología sobre las acciones de ETA. José María Agüeros (PP) reprochó que se hablase de "conflicto político" y "actividad armada" en vez de terrorismo, mientras que Dolores De Juan (PSE) tachó la moción de "farragosa". Durante el debate, sin apenas momentos de tensión, la portavoz socialista pidió por dos veces al alcalde que rompiera con EH. Ibargüen anticipó lo que luego pasaría: "Lo que haya hecho, y haga, te lo remarco, ya te lo diré en su momento".

La invalidación del pacto municipal, que estaba a punto de cumplir un año, fue justificado por el alcalde debido a la ausencia de un "desmarque real" de la violencia de la coalición independentista. "Existe este desmarque a nivel individual, cuando hablamos a solas, pero necesitamos que este sea público". Ibargüen firmó poco después del pleno los ceses de los representantes de EH: el del único teniente alcalde que detentaba una concejalía (la de régimen interior y estadística) y otras tres presidencias de subcomisiones.

Tras conocer la ruptura, el PP pidió al PSE la unión de sus votos para desbancar a los nacionalistas, pero los socialistas descartaron presentar una moción de censura. El portavoz de EH y ex teniente de alcalde, Juan Carlos Uriarte, censuró que la ruptura no se haya tratado en la comisión de seguimiento del pacto. "Las presiones han venido de altas instancias del PNV", afirmó el representante de EH.

Por otro lado, el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna (PNV), llegó ayer a un compromiso con el PSE para retirar la pancarta Bakea behar dugu (Necesitamos la paz) que estaba colgada en el consistorio desde el asesinato en 1997 del edil del PP Miguel Ángel Blanco. A su vez, los socialistas, apelando a la necesidad de convivencia, decidieron retirar la moción presentada solicitando el cambio de este lema por Democracia y libertad.

El Gobierno vasco confía en que los empresarios mantengan su compromiso

El Gobierno vasco mandó ayer un mensaje de aliento y apoyo a los empresarios tras el atentado del domingo en Getxo, que el propio consejero de Interior, Javier Balza, atribuyó a un intento de ETA de intimidar a un colectivo de alto potencial económico. El Ejecutivo autonómico confía en que la "extrema violencia", en palabras del Círculo de Empresarios Vascos, y las campañas de extorsión no impidan el "firme compromiso" que mantienen con la economía y la sociedad vasca.El portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, aprovechó su comparecencia habitual tras el Consejo de Gobierno, celebrado en Vitoria, para condenar la última acción de ETA: "Supone un desprecio y una burla a la inmensa mayoría de la sociedad vasca, que rechaza sin ningún género de duda la violencia y todo tipo de acciones que vulneran los derechos humanos".

Imaz eludió responder si el atentado con coche bomba tenía un destinatario concreto, y prefirió dirigirse a los empresarios vascos, que el día anterior habían calificado de "insostenible" la situación de violencia que vive el País Vasco.

Imaz recordó que el terrorismo de ETA ha sido compatible durante más de 30 años con el crecimiento de la economía en Euskadi, debido, fundamentalmente, al "firme compromiso" de la clase empresarial para generar riqueza y al apoyo de los ciudadanos vascos y de las instituciones. "Estamos seguros de que se mantendrá el compromiso que por este País, esta sociedad y esta economía tiene el empresario vasco", recalcó Imaz. La Mesa del Parlamento vasco aprobó una declaración oficial de condena, en la que calificaba de "agresión contra todos los vascos" el atentado.

Un total de 170 personas han presentado hasta la fecha denuncias ante el Departamento de Interior y la Policía Municipal de Getxo por los destrozos causados en sus bienes. Las denuncias contemplan daños en domicilios y vehículos particulares, aunque también hay algunas provenientes de comerciantes del barrio de Romo, próximo al lugar de la explosión.

El subsecretario de Estado de Interior, Leopoldo Calvo Sotelo, se reunió ayer por la mañana en Bilbao con unos 25 ó 30 de los afectados para ofrecerles apoyo moral y económico. Las víctimas le explicaron su preocupación por el tiempo que tardará en resolverse el procedimiento de indemnizaciones y por la falta de seguridad en la zona residencial donde viven. Tanto la Policía Municipal del municipio como la Ertzaintza han redoblado ya la vigilancia.

Calvo Sotelo señaló que había observado en las víctimas un ánimo "admirable" y resaltó que los afectados le aseguraron que "no nos van a echar de aquí, porque somos de aquí y vivimos aquí", lo que, en sus palabras, mejor puede resumir su estado.

El PP de Getxo pidió ayer la dimisión del alcalde del municipio, Iñaki Zarraoa, quien, tras el atentado, culpó a ETA como su responsable único, pero aseguró que el PP, desde el "inmovilismo", tampoco conseguirá nada.

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