La gestora socialista abre expediente informativo a los guerristas asturianos

La comisión política del PSOE acordó ayer abrir un expediente informativo para "delimitar" las posibles "responsabilidades" de los guerristas asturianos, mayoritarios en su federación, por sacar adelante su Ley de Cajas de Ahorros del Principado con el apoyo del PP y en contra de su propio Gobierno, presidido por Vicente Álvarez Areces, y de sus compañeros del sector renovador. La gestora, que respalda la gestión de Areces, también decidió convocar próximamente a las partes "en conflicto" para buscar una solución.

La división en el socialismo asturiano se escenificó el viernes pasado en toda su crudeza en el Parlamento de Oviedo. El sector guerrista, mayoritario en su grupo parlamentario y hegemónico en la federación asturiana (FSA), consiguió ese día la aprobación de la Ley de Cajas de Ahorros del Principado con el único apoyo del PP y en contra del criterio de su propio Gobierno, presidido por Vicente Álvarez Areces, y del sector renovador. Los sucesivos intentos de Manuel Chaves, el presidente de la Comisión Política del PSOE, y de José Bono y Rosa Díez, candidatos a la secretaría general del partido, para que la tramitación de esa norma legal se paralizara hasta llegar a un entendimiento resultaron estériles.Ante la gravedad de la crisis, la gestora socialista decidió ayer expresar su respaldo a Álvarez Areces y abrir "un expediente informativo" a los guerristas para concretar sus posibles responsabilidades. En el caso de que las hubiese sería la Comisión de Garantías el órgano encargado de adoptar las resoluciones que estimase oportunas. Chaves había adelantado la semana pasada, una vez consumada la fractura, que no se preveían sanciones.

Estas diligencias son las segundas que la dirección nacional del PSOE abre a los socialistas asturianos en los últimos tres años. En mayo de 1997, en efecto, ordenó otras, "previas a las disciplinarias, si hubiera lugar", respecto a la ejecutiva de la FSA por no haber atendido la solicitud del entonces secretario de Organización, Ciprià Ciscar, de que el congreso extraordinario regional para elegir los delegados al federal de junio de ese año anulara la delegación de San Martín del Rey Aurelio, de mayoría guerrista, una vez que esta agrupación minera invalidase la representación de una de sus secciones, la de El Entrego, opuesta a los guerristas y vinculada a la Tercera Vía -el grupo de Antonio Trevín, ex presidente del Principado y cercano a los renovadores de Areces-, por no estar al corriente en el pago de las cuotas.

Entonces se recomendó verbalmente al secretario general de la FSA, Luis Martínez Noval, actual portavoz parlamentario del PSOE, que explorase la posibilidad de pactar una lista de consenso con todos los sectores. Como no lo hizo, se acabó reduciendo la representación de esa federación de 25 a 23 delegados al descontarse los mandatos correspondientes a San Martín, con 952 afiliados. Pero no hubo sanciones.

El conflicto presente entre los guerristas y los renovadores se centra en la pretensión de los primeros de que Álvarez Areces no les arrebate en un futuro el poder que ejercen en el partido. Así, la Ley de Cajas que han sacado adelante gracias a su alianza puntual con los populares supone que el Parlamento asuma las atribuciones sobre Cajastur, la principal entidad financiera de la comunidad, que hasta ahora tenía el Gobierno. De esa manera será, pues, la Cámara la que pase a designar a sus representantes tanto en su consejo de administración como en su comisión de control y su asamblea general.

El nuevo texto deroga también los llamados "derechos históricos" de los fundadores de la Caja, el propio Ejecutivo y el Ayuntamiento de Gijón, a cuyo frente se encuentran asimismo los renovadores, de forma que su presidente y su vicepresidente ya no tendrán que ser elegidos de entre los consejeros correspondientes a ambas instituciones, sino de entre cualesquiera de los vocales del consejo de administración.

Precisamente, Álvarez Areces reinstauró el pasado 16 de marzo un decreto por el que se limita a ocho años, como máximo, la permanencia al frente de la entidad, lo que supuso el cese inmediato de Manuel Menéndez, al que está enfrentado desde hace tiempo y que es apoyado por los guerristas.