Martín Pallín sugiere un pacto entre Gobiernos similar al vigente con Francia

El magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín señaló ayer que el contencioso jurídico abierto entre España e Italia a propósito de los mafiosos refugiados en nuestro país podría resolverse mediante un acuerdo bilateral de carácter político, que permita la entrega administrativa de los italianos condenados en rebeldía. El acuerdo sería similar al que España mantiene con Francia y podría aplicarse siempre y cuando la justicia italiana se comprometiese a revisar de forma automática las penas impuestas en ausencia a los condenados, lo que no implicaría necesariamente la realización de un nuevo juicio.

"La solución al conflicto jurídico entre España e Italia es posible aunque conflictiva", dijo ayer Martín Pallín durante el Curso de Periodismo Jurídico que bajo el título Un Pacto para la Justicia, organiza la Escuela de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid, EL PAÍS y los Colegios Notariales.

Según Martín Pallín, la solución al conflicto exigiría, por un lado, el compromiso del Gobierno italiano de revisar de forma inmediata la pena impuesta a los mafiosos, pues el Tribunal Constitucional interpreta que no es admisible la extradición de un reo condenado en ausencia en su país sin el compromiso del Estado reclamante de revisar la sentencia. "Italia no tendría que comprometerse a realizar un nuevo juicio (un procedimiento que paralizaría la justicia), pero sí revisar la pena impuesta" señaló.

Según explicó el magistrado, la controversia se ha originado debido a que el sistema judicial italiano admite la condena en rebeldía -es decir, en ausencia del acusado- incluso en casos de cadena perpetua -pena que existe en Italia y no en España-. La legislación española, como el resto del sistema judicial europeo, permite este tipo de juicios sólo para delitos menores.

Tensiones entre tribunales

Martín Pallín también se refirió a las tensiones que han surgido entre el Tribunal Constitucional y el Supremo debido a la intromisión que, en su opinión, ha hecho el Constitucional en asuntos que le competen a los tribunales ordinarios al acoger ciertos recursos de amparo. Citó los casos Filesa, Marey, el de la mesa de Herri Batasuna y el caso Liaño, en los que el Constitucional aceptó un recurso de amparo pese a que eran casos resueltos por el Supremo.

Martín Pallín ofreció una solución al problema que él cree definitiva: "Estos conflictos de competencia podrían evitarse con la tramitación de una nueva ley que otorgue a los tribunales ordinarios la facultad de aceptar o denegar el recurso de amparo, y sólo de forma residual y excepcionalmente, y cuando exista discrepancia de doctrina en el Supremo, encomendarle al Constitucional que lo resuelva".

Según Martín Pallín, el Constitucional se está convirtiendo en un tribunal de apelación. "Y aunque la sangre no haya llegado al río, ni se pueda hablar de una guerra de las cortes como en otros países, están surgiendo conflictos institucionales que podrían resolverse mediante una sencilla reforma legal en el marco constitucional", concluyó el magistrado.