El PSOE propone juzgar en España a los mafiosos no entregados a Italia

El Grupo Parlamentario Socialista propuso ayer al Congreso de los Diputados que inste al Gobierno a reformar la ley para que los tribunales españoles juzguen los delitos graves o vinculados con el crimen organizado cuando deba denegarse la extradición por falta de garantías en el país reclamante, como ha ocurrido recientemente con mafiosos buscados por Italia. El PSOE pide al Gobierno que detenga a los reclamados por Italia, hasta tanto decidan los jueces.

La propuesta socialista afronta el problema surgido a raiz de varias sentencias del Tribunal Constitucional que anularon decisiones de extradición a Italia adoptadas por la Audiencia Nacional respecto a reclamados que habían sido condenados en ausencia. Semanas después, EL PAÍS reveló la existencia en España de centenares de mafiosos reclamados por Italia que la policía no detenía, siguiendo el criterio del fiscal jefe de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño. Dada su gravedad, este asunto fue abordado en la reciente cumbre hispano-italiana de Nápoles.

La proposición socialista, que firma la portavoz María Teresa Fernández de la Vega, parte de la corrección de la exigencia constitucional de no acceder a la extradición de aquellos ciudadanos "cuya reclamación se formule para cumplir una condena dictada en rebeldía, salvo que la concesión de la extradición quede sometida a la condición de que el condenado pueda impugnar la condena para salvaguardar sus derechos de defensa".

El propio presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, sugirió recientemente la conveniencia de que Italia permita la revisión de las condenas de quienes fueron juzgados en ausencia. Sin embargo, ante la resistencia italiana a aceptar esas condiciones, los legisladores socialistas españoles proponen soluciones.

En contraste con las críticas del presidente del Gobierno José María Aznar a las resoluciones del Tribunal Constitucional, la propuesta socialista pide al Ejecutivo que haga "valer nuestros principios constitucionales ante las autoridades italianas (...) en ese proceso de armonización legislativa deseado".

Pero frente al riesgo de que queden en la impunidad quienes merezcan ser perseguidos por delitos odiosos, el PSOE propone una reforma legislativa para que, en los casos en que la petición de extradición deba ser denegada "por no otorgar el país requirente garantías de someter al reclamado a un juicio justo, la jurisdicción española tenga competencia para el conocimiento de dichas causas".

La propuesta socialista pretende "conciliar la garantía de los derechos humanos con la lucha contra la impunidad de las organizaciones criminales", de modo que "nuestro país dejará de ser refugio de personas imputadas en la comisión de delitos graves".

La reforma afectaría en especial al artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ampliaría a estos casos la jurisdicción penal de los tribunales españoles.

El PSOE propone instar mientras tanto al Gobierno a ejecutar las órdenes de detención preventiva emanadas de los órganos judiciales italianos, en cumplimiento de los compromisos internacionales y como respeto a las competencias judiciales. El PSOE se pronuncia en contra de que se extraigan "conclusiones policiales acerca de qué órdenes han de ser o no atendidas", ni siquiera "en base (...) a un eventual criterio del Ministerio Fiscal", ya que "anticipa una solución que sólo a los tribunales de justicia corresponde evaluar".

Los socialistas rechazan igualmente las soluciones aventuradas por responsables de Interior en el sentido de agilizar los mecanismos de expulsión administrativa directa de los reclamados. El PSOE reprocha a esa medida que "vendría a eludir el control judicial sobre las peticiones de extradición, resituando esta potestad, de hecho, en manos del Ejecutivo", en contra de la tendencia de la UE a judicializar la extradición, y sería "frontalmente contraria a lo que ha resuelto nuestro Tribunal Constitucional sobre el fondo del problema".