Las 62 canteras vascas deberán ser restauradas al tiempo que se explotan

Las 62 canteras existentes en el País Vasco deberán acometer planes de restauración al tiempo que desarrollan su actividad y el Gobierno podrá cerrar las instalaciones que incumplan esa norma. "La obligación de restaurar se ha de asumir como un coste más de las empresas de cantería", asegura el Departamento de Industria. El Ejecutivo aprobó en su reunión de ayer un decreto que persigue acabar con la picaresca del sector: sólo 34 de las 62 canteras tienen aprobado en estos momentos un plan de restauración, pese a que este requisito se encuentra regulado por ley desde hace ya 16 años.

El decreto, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, pretende corregir las grandes afecciones ambientales que suponen las canteras. Hasta ahora, la práctica habitual de las compañías era obviar las tareas de restauración, pese a la obligación legal existente, lo que ha sido consentido por la Administración con la justificación de los costes económicos y los problemas de adaptación de la explotación que suponía para los empresarios.Esta filosofía ha cambiado, según se desprende del decreto. "Aquella empresa que no genere unos resultados económicos que le permitan acometer una restauración en los términos fijados por este decreto y en el plan de restauración aprobado no podrá continuar con la explotación por resultar antieconómica", aseguró ayer la consejería de Industria en una nota.

La norma aprobada obliga a cada empresa a depositar un aval con el 80% del coste de la restauración -que es muy variable, según las características de cada cantera-, por lo que si el empresario no la acomete "lo hará la Administración previa ejecución de la fianza y, por lo tanto, a su costa". Este aspecto se hará extensivo a las canteras que hayan formalizado garantías económicas con anterioridad al decreto y, si son inferiores a la nueva regulación, "deberán adecuarlas en el plazo de un año".

Con este decreto, las 62 canteras deben presentar un programa de actuación, un estudio económico y el calendario de restauración, que variará según el tipo de instalación. Industria, tras disponer de estos datos, examinará cada empresa para comprobar que la información es correcta.

Las inspecciones proseguirán cuando se desarrolle el plan de restauración "y serán periódicas para comprobar que se cumple". La normativa establece "obligaciones idénticas" para todas las empresas y, según el Ejecutivo, "no va a existir agravios comparativos en cuanto a la obligación de restaurar, ya que todos se van a regir por las condiciones fijadas en el decreto".

"El Departamento de Industria", añade, "quiere asegurar que, en lo sucesivo, se pueda afirmar que sin restauración no puede existir explotación minera".

La nueva normativa, que ha sido conocida previamente por las tres asociaciones de empresas dedicadas a actividades extractivas, define el contenido de la recuperación ambiental a través de distintas opciones, como la "integración paisajística agrosilvopastoral, integración artística monumental o destino a usos alternativos del suelo previstos por el ordenamiento urbanístico".