Austria bloquea un principio de acuerdo para acabar con la opacidad fiscal del ahorro

Austria bloqueó anoche un acuerdo para armonizar en la Unión Europea la fiscalidad del ahorro. Fuentes del Consejo de Ministros atribuyeron a Luxemburgo el apoyo a la última propuesta de compromiso, aunque otras advertían de que el primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker, no lo había confirmado plenamente. En cualquier caso, la propuesta sobre la mesa es un falso porque incluye el derecho a ratificar el acuerdo por unanimidad antes de que entre en vigor y volver a votar, también por unanimidad, antes de aplicar el sistema definitivo.

España añadió a última hora su granito de arena a la confusión general al rechazar la propuesta del ministro alemán, Hans Eichel, de que conste por escrito que sólo cuatro países -Austria, Luxemburgo, Bélgica y Grecia- se quieren acoger durante un tiempo a la opción de aplicar una retención en la fuente en lugar de informar a las administraciones fiscales vecinas. España quiere estudiar a fondo si está en condiciones de asumir esa declaración o si se reserva el derecho a aplicar una retención en la fuente.El embrollo fiscal parecía anoche cerca de su final, pero no para bien. Los ministros suspendieron la sesión y tratarán hoy de alcanzar un acuerdo a quince o, en su defecto, aprobar una declaración en la que conste que hay un acuerdo de principio apoyado por catorce socios. Todos menos Austria. Según algunas fuentes el tema volverá hoy a la mesa de los jefes de Estado y de Gobierno. Éstos ya lo habían tratado durante unos instantes ayer, aunque con el único objeto de subrayar ante sus subordinados de Economía la importancia política de la apuesta fiscal.

Pero Austria y Luxemburgo se mostraron por la mañana irreductibles y rechazaron con más o menos énfasis las propuestas de compromiso que les iba presentando la presidencia portuguesa. Sus líderes aderezaban la presión con declaraciones tajantes. "Austria no va a sacrificar el secreto bancario porque es un derecho constitucional", advirtió el canciller Wolfgang Schüssel. "El acuerdo me parece imposible", terciaba el luxemburgués Juncker.

Pero el pacto empezó a parecer más y más posible a medida que los Quince iban rebajando el nivel de sus ambiciones, única vía para facilitar el consenso. Hasta que, a media tarde, empezó a circular lo que parecía una solución aceptable para los dos países más rebeldes. El nuevo texto introducía una cautela que permitía aguar cualquier efecto nocivo porque condicionaba la entrada en vigor de la directiva a que previamente se hubieran pactado medidas semejantes con los territorios dependientes y con una corta pero significativa lista de países terceros: Suiza, Liechtenstein, Mónaco, Andorra y San Marino. A más tardar el 31 de diciembre de 2002 se decidiría "por unanimidad" y en base a un informe de la Comisión Europea si efectivamente se ha cumplido esa condición. Un torpedo en la línea de flotación de la armonización fiscal.

No era la única cautela de la propuesta de compromiso. Esta contempla una nueva votación para decidir, en un plazo máximo de cinco años desde la entrada en vigor de la directiva, el paso al sistema único que obliga a todos los países a informar al resto sobre los inversores que operan en su país. Luxemburgo interpreta que esa votación también se realizará por unanimidad.

El cambio de posición de Luxemburgo, el acuerdo a catorce, y la negativa de Austria a sumarse al consenso abren las puertas a la especulación sobre el carácter meramente político de esa postura. Viena se habría tomado una primera y sonora venganza contra sus catorce socios, que en esta misma cita de Santa Maria de Feira han vuelto a dar largas a su exigencia de que se levanten las represalias diplomáticas acordadas por la llegada de la extrema derecha.

Asuntos diferentes

"Son asuntos completamente diferentes, no tienen nada que ver", aseguró el ministro austriaco de Finanzas, Karl-Heinz Grasser, precisamente uno de los ministros de la extrema derecha. Pero fuentes austriacas admitían al mismo tiempo que levantar el secreto bancario para los no residentes "no ofrece problemas legales", por lo que Viena podría acatar la nueva norma sin violentar los derechos constitucionales de sus conciudadanos.

Aunque parece muy difícil, no es descabellado que finalmente hoy se dé el consenso político. Pero en ese caso el problema será ver qué credibilidad tiene para los mercados un acuerdo que antes de entrar en vigor deberá ser asumido también por una delicada lista de países terceros y ser aprobado, otra vez, por los mismos países que ahora lo combaten. La alternativa, advierten los más críticos, es correr el riesgo de que si no se aprueba ahora, el acuerdo deba ser negociado en el futuro no entre 15, sino entre 20 o 27 socios.